Más de 6.300 clientes de Fórum han fallecido antes de empezar el juicio
El impuesto de Sucesiones frena a muchos herederos a seguir con las reclamaciones
«Muchos compañeros han fallecido durante estos once años sufriendo la agonía de que no se hacía justicia», se lamentaba hace unos días en estas páginas Conchi Giuli, una de las afectadas de Fórum Filatélico, que está llevando a cabo una huelga de hambre junto con otras compañeras en Atocha (Madrid).
Y es que son más de 6.300 los clientes de esta sociedad que han fallecido desde que fue intervenida en mayo de 2006 hasta esta semana en la que ha comenzado el juicio en la Audiencia Nacional.
La Administración Concursal de Fórum Filatélico tiene contabilizados unos 250.000 afectados y al acabar 2016 había tramitado 6.320 expedientes de defunción, de los cuales habían sido resueltos hasta esa fecha 4.608 . En ese momento existían 1.712 expedientes pendientes de procesar porque estaban esperando a que los herederos remitieran documentación complementaria.
Se da la circunstancia de que cuando la Administración Concursal abonó a los acreedores de Fórum un 10% de la inversión en febrero de 2009 y otro 10,5% en diciembre de 2014, «un número considerable» de transferencias fueron devueltas por haber muerto sus destinatarios.
Cuando el titular de un contrato con Fórum Filatélico fallece, pasa a sus herederos, los cuales, han de enviar a la Administración Concursal toda la documentación necesaria en estos casos para cambiar la titularidad del contrato.
Aquí se dan dos situaciones bien distintas, dependiendo de si el fallecido es uno de los dos cónyuges, o si es el único de los cónyuges que vivía. En el primero de los casos , el viudo o la viuda suele asumir habitualmente los contratos. En el segundo, los hijos optan mayoritariamente por desistir con las reclamaciones. Esto se debe fundamentalmente al impuesto de Sucesiones, que grava el 100% de la inversión realizada. « Muchos hijos no pueden hacer frente el desembolso que ocasiona este impuesto, no solo por su elevada cuantía, sino porque no existe ninguna garantía de que vayan a recuperar todo o parte del dinero invertido», explica José Javier López de Castro, presidente de la Asociación de Perjudicados Fórum Madrid.
Elevadas plusvalías
Mientras los afectados por la presunta estafa piramidal reclaman la devolución de la inversión realizada, el juico contra la cúpula de Fórum Filatélico continúa en la Audiencia Nacional. Ayer se celebró la cuarta sesión con la declaración del expresidente de la entidad, Francisco Briones, que se enfrenta a 27 años de prisión.
La sesión se centró en las operaciones inmobiliarias que los responsables de la entidad habrían realizado desviando el dinero de los ahorradores. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, las mismas consistían en la compra de inmuebles por parte de la sociedad Grupo Unido de Proyectos y Operaciones, S.A. -filial de Fórum Filatélico sin otra actividad que la de canalizar esas inversiones- para venderlos poco tiempo después «con una importante revalorización» a sociedades del empresario Carlos LLorca Rodríguez, acusado en la causa y en paradero desconocido desde 2005.
Testaferros «sin techo»
El Ministerio Público sostiene que el empresario pagaba las adquisiciones con fondos de los inversores previamente desviados a cuentas que tenía en el extranjero. A cambio, Fórum Filatélico obtenía importantes plusvalías por las que no tributaba, ya que las compensaba con las bases imponibles negativas de ejercicios anteriores.
Durante su declaración, el expresidente de la entidad insistió en que las adquisiciones eran legales, pues «además de llevarse a cabo ante notario» las supervisaban sus asesores.
El fiscal Juan Pavía indagó en seis operaciones inmobiliarias realizadas entre 2002 y 2004. Una de ellas es la compra por parte de Grupo Unido de una finca situada en Marbella por un importe de 3.245.465 euros. Nueve meses después , en noviembre de 2002, la misma fue vendida a la sociedad Marbesquare, S.L. por 11.000.000 euros, que fue constituida dos meses antes. Detrás de esta empresa estaba la sociedad británica Hg Business Ldt, cuyo socio único era Llorca Rodríguez.
Para ocultar al empresario, el Ministerio Público sostiene que las participaciones de «Marbesquuare» se trasmitieron a dos ciudadanos austriacos, que se interpusieron para preservar su identidad. Uno de estos testaferros tiene antecedentes penales relacionados con la prostitución y el tráfico de drogas. Además, en 2002 fue declarado «persona sin techo» al residir en una estación del metro de Viena.
El capo de la cocaína
El Ministerio Público también señala que Llorca y Briones ayudaron al prófugo italiano Luigi Protani, considerado el capo de una banda dedicada al tráfico de cocaína, a liquidar el patrimonio inmobiliario que tenía en España antes de que fuera extraditado por la Audiencia Nacional a Italia, el 8 de enero de 2003. Esas operaciones se realizaron a través de sociedades pantalla de Llorca, Protani y Grupo Unido.
Para obtener la edificabilidad de varios de esos inmuebles se firmaron dos convenios en 2004 con el ayuntamiento de Marbella. Precisamente, Llorca fue acusado de pagar cuatro millones de euros a Juan Antonio Roca dentro de la operación Malaya.
Preguntado por el fiscal sobre su relación con Protani, Briones insistió en que no lo conoce. «Quien se presentaba en la compraventa era su apoderado», dijo antes de concluir que «no sabía que estaba fugado».
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