Hacienda da 24 horas a la Generalitat para que aclare el desvío de 6.150 euros

El pulso telemático que mantienen estos días la Generalitat de Cataluña y el Ministerio de Hacienda a través de misivas prosigue. Tras aprobar el control semanal de las cuentas del Gobierno catalán el pasado viernes, a raíz de detectar el desvío de 6.150 euros para gastos relacionados con la consulta independentista del 1 de octubre, Hacienda ha remitido una misiva a la Interventora General de la Generalitat, Rosa Vidal, en la que le da 24 horas de plazo para que explique a dónde fueron a parar estos 6.150 euros.

La misiva llevaba la firma del secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, y en ella advertía a Vidal de las «responsabilidad administrativas y penales» que collevaría negarse a dar la información requerida, confirman a ABC fuentes del ministerio.

Desde la Generalitat, apuntan que Vidal ha respondido a lo largo del día de hoy achacando estos gastos a un contrato de mantenimiento de un software informático para procesos electorales dependientes del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI).

La misiva de Hacienda se trata del segundo requerimiento a la Generalitat por esta partida de 6.150 euros, después de que la semana pasada exhoratara al Gobierno presidido por Carles Puigdemont a explicar este gasto. En caso de que se compruebe que la Generalitat destina fondos al referéndum del 1-O, ello podría implicar la suspensión del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). El Estado presta a bajo coste a las comunidades autónomas incumplidoras a través del FLA, pero estos recursos están destinados a atender los servicios públicos básicos.

La interventora general debe emitir un certificado para que Hacienda valide cada semana las cuentas del Ejecutivo catalán. Ya en 2015, Hacienda controló mes a mes las cuentas de la Generalitat para evitar que destinara fondos públicos estatales a organizar una consulta para la independencia.

Fernández de Moya ha respondido a varias preguntas en el programa de La Linterna de COPE. Entre otras cosas ha apuntado que «no permitirá que ni un solo euro se destine a un proceso que es ilegal e inconstitucional». Ha apuntado que este gasto estaba apuntado en una partida, la 132, que ya fue declarada inconstitucional. Ha querido transmitir, asimismo, un mensaje de calma porque desde el Ministerio de Hacienda «van a estar vigilantes» y comprobarán que el dinero destinado a Cataluña se gasta en lo que debe. Además ha avisado de la señora interventora que de no dar las respuestas pertinentes en el plazo y por las vías marcadas de una forma veraz «deberá atenerse al marco vigente».

Como recoge Efe, también señala la carta que la información recabada se trasladará a las autoridades competentes para dirimir la posible exigencia de la responsabilidad administrativa, contable y/o penal que, en su caso, "pudiera corresponder a los responsables del uso de fondos públicos, cualquiera que fuera su procedencia, por el uso de recursos públicos para financiar actividades relacionadas con la celebración de procedimientos relativos a consultas o referéndums ilegales".

Añade que la "resistencia" o la "negativa" a suministrar la información solicitada será objeto igualmente de traslado a las autoridades competentes, "a los efectos de reclamar las responsabilidades que correspondan".

El Gobierno decidió aumentar su control sobre las cuentas de la Generalitat y verificarlas semanalmente después de detectar un desvío de 6.150 euros, en una de las certificaciones mensuales que hasta ahora estaba obligado a remitir el Govern catalán.

Fue en una partida, con cargo al programa "132. Organización, gestión y seguimiento de procesos electorales", sobre la que el Ministerio de Hacienda y Función Pública reclamó más explicaciones a la Intervención General de la Generalitat, que no ha contestado.