España, bajo la lupa por el uso de las ayudas europeas

Ya no se trata de los aeropuertos y las carreterras de peaje fantasma que se construyeron en España en los años del boom inmobiliario con fondos europeos y, por supuesto, sin pasajeros ni vehículos. Ahora son los fondos estructurales y las ayudas agrícolas. Según el recientemente publicado informe anual de la Oficina Antifraude de la Unión Europea (dependiente de la Comisión, pero independiente a todos los efectos) se han detectado 9.766 irregularidades (constitutivas o no de fraude) en nuestro país entre 2013 y 2016, lo que nos sitúa en cabeza de los países negligentes en esta materia seguidos de Rumanía, con 4.857, y Polonia, con 4.731. No obstante no todas las irregularidades acabaron en recomendaciones formales de cambio de procedimientos ya que, al final, en el caso de nuestro país fueron solamente 5, frente a las 99 de Rumanía o las 41 de Hungría.

Asimismo, en lo que se refiere a las investigaciones concluidas en relación al uso de los fondos europeos en manos, al menos en parte, de los Estados o las Comunidades Autónomas a lo largo del pasado año, el informe incluye a España en el grupo de países con 21 procesos, junto a Eslovenia o Austria. Sin embargo, indica que de estos casos pocos derivaron finalmente en recomendaciones. Al margen del uso que hace nuestro país de los fondos europeos, el informe de la Oficina Europea Antifraude concluye que el año 2016, al que corresponde su informe anual, la actividad se ha centrado en investigaciones trasnacionales grandes que han acabado en recomendaciones para recuperar fondos europeos por importe de varios miles de millones de euros. En concreto, ha cifrado en 1.700 millones de euros los que se han «disfraído» del proyecto de transporte al que iban destinados, o la recomendación de recuperar 26.700 millones de euros defraudados por un grupo criminal.

En cuanto a cifras la OLAF ha terminado 272 casos en 2016 y abrió 219 nuevas investigaciones, «un elevado aumento de la actividad pese a una constante disminución de los efectivos de la institución», asegura literalmente en su informe anual. Además, la OLAF emitió 346 recomendaciones a los países miembros así como a las autoridades europeas, en aras de recuperar 631 millones de euros para el presupuesto europeo, al tiempo que ayudó a llevar a los defraudadores frente a la Justicia.

En el lado de los logros. la Oficina Antifraude europea destacó también la reducción de la duración de las investigaciones, que han concluido en una media de 18,9 meses, un nuevo récord. Por áreas de actividad, como en años anteriores, la OLAF ha puesto especial interés en las licitaciones públicas ya que, ha detectado que «continúa siendo un lugar atractivo para los defraudadores, que usan cuentas en paraísos fiscales para facilitar el fraude, lo que hace que muchos de estos casos tengan la condición de trasnacionales». Otros de los caladeros del fraude de los fondos europeos es un año más los relacionados con la investigación y el empleo, que están creciendo año tras año.

En cuanto a la evasión del pago de aranceles se ha detectado un aumento de las redes criminales a través de complejos esquemas transnacionales.

El tabaco, durante años una fuente de fraude a escala europea en materia de evasión de impuestos, tiene este año la novedad de que los que defraudan no son antiguos traficantes de cigarrilos de marca, sino los denominados de marca blanca.

Entre las novedades del informe de 2016 destaca también su incursión en el caso conocido como «Papeles de Panamá», que se ha traducido en la apertura de numerosas investigaciones, entre las que destacan las supuestas actividades en ese lugar de la antigua comisaria de Competencia, Neelie Kroes, y del actual comisario de Energía y Clima, el español Miguel Arias Cañete. En el caso del político español el examen se centra en si declaró todo lo que tenía que declarar al optar a la cartera de comisario y si siguió las reglas o no para dar cuenta a la Comisión.