Las autopistas en quiebra se liquidarán a partir de febrero

El año que viene se anticipa como clave para la resolución del, en apariencia interminable , conflicto de las nueve autopistas en quiebra. Francisco Javier Vaquer, juez instructor de los concursos de acreedores de las vías de pago ha trasladado a los sindicatos, en las reuniones que mantuvo el mes pasado, que no contempla la posibilidad de ampliar o prorrogar los plazos del proceso concursal. Fuentes de CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) subrayan que el magistrado, en el encuentro que tuvo lugar el pasado 22 de junio, fue taxativo al recordar que los plazos no los impone él, sino la legislación.

Javier Vaquer, además, concretó el calendario que seguirán las negociaciones de Ciralsa (concesionaria de la vía de circunvalación de Alicante, la segunda de las autopistas en quiebra abocada a la liquidación, después de la AP-36 Ocaña-La Roda): está previsto que en la primera quincena de este mes la administración concursal presente el plan de liquidación.

A partir de octubre se deberá reunir la administración concursal con el comité de empresa y Seittsa (la empresa pública dependiente del Ministerio de Fomento que absorberá las autopistas) para determinar qué sucederá con los contratos suscritos por la concesionaria, de modo que en febrero del año que viene se ejecuten las nuevas condiciones. Desde las organizaciones sindicales recalcan que el juez únicamente se refería al concurso de Ciralsa, pero que se espera que en los meses posteriores suceda lo mismo con las radiales madrileñas R-3 y R-5, también rayanas en la fase de liquidación.

El plan del Gobierno

Mientras tanto, el Gobierno ha encomendado a Seittsa que elabore un plan para asumir las concesiones, garantizar el 100% de los puestos de trabajo, mantener las carreteras operativas y, una vez estructuradas en lotes, volverlas a licitar, para tratar de recuperar parte del coste que deberá asumir el Estado en concepto de Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), el importe que deberá abonar el Estado a las empresas concesionarias, tal y como estipulan los pliegos de la licitación, por hacerse con el control de las autopistas. «Que no pase mucho tiempo entre la liquidación y la nueva licitación para poder compensar con los ingresos que genere su adjudicación el importe que suponga la RPA», explicó ayer el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. De momento, el Gobierno no ha cifrado el coste de la RPA y se limita a indicar que será menor que el reclamado por las constructoras, que piden 5.000 millones de euros.

Según fuentes de Fomento, aún es pronto para determinar cuál será la configuración de estos bloques en los que se dividirán las licitaciones, si bien, como reconoció el presidente de Seittsa, José María Piñero, se buscarán sinergias entre las vías, por lo que tendría sentido unificar en un paquete las radiales de Madrid (R-2, R-3 y R-5), así como la R-4 y la AP-36. Paralelamente, seguirán las negociaciones con los acreedores de la deuda financiera, un amplio abanico de fondos -liderados por Taconic, Strategic Value Partners y King Street- que han comprado los títulos de las entidades españolas a precio de derribo. Piñero mostró su confianza en que se alcance «algún tipo de acuerdo». Pero, de momento, no parece haber alternativa a la liquidación.