Alemania crea una lista negra de empresas corruptas

Hay empresas que hacen sus cálculos, pagan comisiones ilegales y se arriesgan a una sanción si son descubiertas, pero el negocio puede ser rentable a pesar de la sanción y, lo que es más importante, al día siguiente emprenden un nuevo negocio. Para evitar que la corrupción eche raíces gracias a este perverso mecanismo, el Consejo de ministros alemán aprobó este miércoles un proyecto de ley que contempla la creación de un registro de empresas corruptas, de manera que aquellas que hayan violado las leyes no puedan recibir en adelante contratos públicos.

La legislación actual ya prohibía otorgar contratos públicos a empresas que anteriormente hubiesen violado la ley, pero en la práctica resultaba difícil comprobar posibles delitos de una compañía en el pasado y es ahí donde entra en juego esta base de datos que se actualizará en tiempo real y que permitirá a la administración evaluar jurídicamente las candidaturas.

“El trabajo honesto tiene que ser recompensado”, ha justificado en un comunicado la ministra de Economía, Brigitte Zypries. En el banco de datos serán registradas todas aquellas empresas que han incurrido en sobornos, evadido impuestos, aquellas condenadas por violaciones de las leyes laborales, como no pagar el salario mínimo o tener trabajadores que no estén debidamente dados de alta, así como cualquiera que haya financiado el terrorismo. “Estas empresas no deben sacar provechos del dinero público", ha subrayado la ministra.

El registro centralizado recibirá notificación judicial electrónica por parte de las fiscalías y de otros organismos acerca de todas las condenas o multas contra empresas condenadas por soborno, financiación de terrorismo, lavado de dinero, estafa al Estado o a la seguridad social o violaciones a la ley de salario mínimo. Los datos, de acuerdo con la gravedad del delito, se mantendrán en el registro durante un periodo de entre tres y cinco años. En el caso de que una entidad pública, desde el ámbito municipal hasta el federal, abra una licitación, estará obligada a consultar el registro a partir de cierto monto. Transcurridos cinco años desde la condena, las empresas podrán solicitar ser borradas del registro, para lo cual tendrán que demostrar que han tomado medidas para que las violaciones de la ley no se repitan.

Registros de este tipo ya existían en algunos de los Bundesländer alemanes, pero con diferentes especificaciones que dificultaban la decisión de administraciones no locales. El volumen de licitaciones públicas en Alemania oscila entre los 280.000 y los 300.000 millones de euros anuales y el Ministerio calcula que para aproximadamente la mitad de las licitaciones no alcanzaba el tiempo del proceso para una verificación adecuada. A partir de ahora, cualquier licitación por más de 30.000 euros debe obligatoriamente contrastar las candidaturas con este “registro centralizado de graves violaciones de la ley” antes de adjudicar el contrato. Aparecer en este registro debe equivales a la expulsión inmediata del concurso público.

La Federación de la Industria Alemana (BDI) ha exigido que a partir de ahora todas las regulaciones regionales al respecto sean eliminadas, para simplificar la legislación y unificar los criterios de licitación en todo el territorio alemán. También ha solicitado una normativa clara sobre la eliminación del registro de las empresas incluidas erróneamente así como el establecimiento de compensaciones por daños y perjuicios en esos casos.

En el último índice de percepción de la Corrupción que publica anualmente la Organización para la Transparencia Internacional, Alemania ha obtenido 81 puntos, permaneciendo así en la décima posición de una lista de 176 países. A pesar de que parece una situación envidiable, el gobierno de Berlín desea seguir luchando contra la corrupción con todas las armas a su alcance y hay quien apunta que no es oro todo lo que reluce.

“Lo que aparece en ese índice es solamente la percepción de la corrupción, no la corrupción real”, aclara Chirstian Homburg, de Transparency Deutschland, “pero la mayoría de los casos de corrupción no se dan a conocer a la opinión pública y queda mucho trabajo por hacer”. En efecto, la Oficina Federal de Investigaciones Criminales menciona en su informe al respecto cifras de un 80 a un 95 por ciento de casos que siguen sin destaparse.

Homburg señala la necesidad de garantizar el buen funcionamiento de la Justicia y la independencia de los jueces, así como la de elaborar leyes y penas sencillas y comprensibles para todos. También considera necesario avanzar en la independencia de los fiscales. “En Alemania, los fiscales siguen formando parte de la jerarquía del Ministerio de Justicia, es decir, que deben informar al Ministerio de Justicia. Es por eso que pensamos que los fiscales deberían tener más independencia”, explica. “La corrupción se mueve en espiral de abajo hacia arriba. Si todos piensan que los demás respetan las reglas, habrá quien denuncie a quien no lo hace. Pero si perciben que alguien no se sujeta a las normas, entonces se puede producir un movimiento en espiral hacia abajo, es decir, hacia más corrupción”, dice, celebrando esta nueva legislación.