Las agresiones en las oficinas de empleo se disparan un 56% durante 2015, según CSI-F

Las agresiones en las oficinas de empleo del SEPE han aumentado el 56% en 2015, según la estadística anual del CSI-F que achaca el incremento de violencia a los problemas estructurales de paro pero también a las «falsas expectativas» que ha generado la ayuda de 426 euros para parados de larga duración.

En rueda de prensa, la secretaria nacional de Igualdad del CSI-F, Ángeles Mur, ha explicado que las oficinas de empleo ha registrado 326 casos y ha asegurado que entre las principales causas del aumento de la violencia ese año fue la nueva prestación para parados que exigía requisitos «tan restrictivos» que provocaron la frustración de muchos demandantes que recurrieron a la agresión.

Mur ha señalado que estos casos son la «punta del iceberg» ya que las oficinas de empleo son el único departamento que cuenta con un protocolo que contabiliza de manera sistemática los datos.

Protocolo de actuación

A esta cifra hay que añadir 140 denuncias registrados en 2015 en instituciones penitenciarias y un número no cuantificado de casos entre los médicos evaluadores de bajas laborales, encuestadoras presenciales de Instituto Nacional de Estadística o examinadores de tráfico.

En concreto, la responsable del CSI-F ha hecho hincapié en el caso de las encuestadoras del INEM, que han llegado a sufrir ataques sexuales; médicos evaluadores que han sido agredidos al negarse a dar una incapacidad temporal y los examinadores de la Dirección General de Tráfico, objeto de violencia cuando suspenden.

Mur ha explicado que fruto de esta situación la Administración General del Estado ha iniciado un protocolo, que se firmó en diciembre de 2015, y que ofrecerá el próximo año datos sistemáticos de las agresiones en todos los ámbitos. Se trata, ha dicho, de «visibilizar» estas situaciones y de animar a los empleados públicos a que denuncien.

La responsable del CSI-F ha subrayado la campaña de desprestigio que sufren los empleados públicos pero también la escasez de plantilla, el hecho de que esté envejecida, y la falta de seguridad, 3 de cada 10 oficinas carece de personal de vigilancia.

Mur también se ha referido a las agresiones verbales, «que están casi normalizadas», y el «ciberacoso», cuando el agresor graba imágenes del empleado que luego difunde en la red.

Agente de la autoridad pública

En esta línea, Mur ha defendido que el empleado público sea reconocido como agente de la autoridad púbica, tal y como sucede en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, para que su testimonio sea válido como prueba ante una agresión.

Por su parte, el secretario de instituciones penitenciarias en CSI-F, José Manuel Couso, ha explicado que en las prisiones de España se dan los índices más altos de agresiones a empleados públicos de toda la Administración del Estado, más de 2.000 en los últimos diez años.

Couso ha lamentado que en el medio penitenciario no haya ningún procedimiento de actuación que atienda la violencia desde el prisma de la prevención. Este responsable ha señalado que uno de los motivos de las agresiones es la falta de personal y ha asegurado que en la actualidad haría falta 3.400 funcionarios más.

Además, ha dicho que los funcionarios de prisiones no son considerados agentes de autoridad ni tienen presunción de veracidad, por lo que el proceso sancionador se alarga mucho en el tiempo.

Por ello y para acabar con esta lacra, desde CSI-F se ha reclamado el refuerzo de las plantillas, formación adecuada para la detección de situaciones violentas, medidas de protección, campañas ciudadanas para dignificar la figura del empleado público y la inclusión de las administraciones en los protocolos de agresión que permite cuantificar los casos.