El consorcio del AVE a La Meca toma medidas para acelerar las obras

El consorcio español encargado de la construcción del tren de alta velocidad entre La Meca y Medina (Arabia Saudí) se reunió ayer después de que el pasado martes el nuevo ministro de Transportes saudí, Abdullah Al-Muqbel, amenazara con retirar contratos si las empresas no cumplían con los plazos de ejecución.

Con el fin de mejorar la gestión y acelerar las obras, el grupo de empresas —integrado por las públicas ADIF, Renfe e Ineco, y las privadas Cobra (ACS), Consultrans, Copasa, Dimetronic, Imathia, Inabensa, Indra, OHL y Talgo— determinó el nombramiento de un consejero delegado y reforzar la coordinación de las empresas, de manera que cuenten con una «única voz frente al cliente», según fuentes del consorcio, que añadieron que se ha remitido al Gobierno del país árabe una propuesta con tres nombres, entre los que se encuentra Santiago Ruiz, director de empresas participadas y Oriente Medio de FCC (responsable, de la construcción del metro de Riad).

Durante la reunión, el consorcio Al Shoula hizo hincapié en que «sin duda» todas las empresas del consorcio «tienen capacidad para llevar a cabo el proyecto» y que «los trabajos se están desarrollando de acuerdo al contrato, sin ningún tipo de retraso por parte de las empresas del consorcio».

Las compañías españolas consideran que «sin duda» van a cumplir con los plazos previstos en el contrato» y los retrasos en los tramos que se encarga de construir el grupo presidido por Juan-Miguel Villar Mir se deben a la dilación y, en algunos casos, el deficiente acabado que presenta la plataforma de la vía, de cuyas obras se encarga un consorcio chino (Al Rajhi Alliance).

Pablo Vázquez, el presidente de Al Shoula —y también máximo responsable de Renfe— también abordó los visibles enfrentamientos entre las empresas que integran el consorcio, especialmente Copasa y OHL, que esta semana discreparon públicamente sobre cuál de ellas debe asumir más obras para acortar los plazos de ejecución. Tal es así que, incluso, Vázquez propuso sancionar (con multas de 500.000 euros) a las empresa que se dirijan a los medios de comunicación al margen del consorcio, según añaden fuentes conocedoras del contenido de la reunión.