La secretaria de Ruiz-Mateos se querella contra él tras no cobrar la indemnización por despido

La secretaria personal del fundador de Nueva Rumasa, José María Ruiz-Mateos, durante más de 30 años ha interpuesto, junto a otros trabajadores, una querella contra el empresario al no poder cobrar las indemnizaciones por despido por haber sido traspasados a una empresa del grupo carente de activos y sin propiedades, con un capital social mínimo de 3.010 euros.

La querella criminal, que ha sido admitida a trámite, se ha interpuesto contra el empresario, seis de sus hijos y la firma Enjambradera, propiedad de los Ruiz-Mateos y a la que fueron traspasados los empleados, por los presuntos delitos de estafa, insolvencia punible y delito contra los derechos de los trabajadores.

En concreto, la secretaria y persona de confianza de Ruiz-Mateos durante más de 30 años, Estrella Torres, ha denunciado, junto a otros empleados, el traspaso de empleados en 2010 desde empresas solventes del grupo a la sociedad Enjambradera, carente de activos, y creada 'ad hoc' para, según la familia, evitar agravios comparativos entre los trabajadores que prestaban sus servicios para todo el grupo indistintamente y a los que les estaban aplicando convenios colectivos diferentes.

En ese momento se les reconoció la antigüedad y la categoría a todos los trabajadores, pero no se liquidaron las indemnizaciones oportunas, en algunos casos millonarias, después de más de 40 años de servicio para las empresas del Grupo Rumasa y Nueva Rumasa, según ha explicado el despacho de abogados Legalitas, encargado de interponer la querella.

Poco después, entre los meses de mayo y octubre de 2011, los trabajadores recibieron la comunicación de su despido, reconociendo su improcedencia y emplazándolos a que demandasen su indemnización ante los tribunales "o lo intenten cobrar a través del Fogasa", como manifiesta uno de los hijos a través de un correo electrónico.

En ese escenario, los trabajadores solo podían demandar sus indemnizaciones a la empresa Enjambradera, con la que mantenían la relación laboral, y que, según ha explicado Legalitas, había sido creada 'ad hoc' con una capital social mínimo de 3.010 euros sin capacidad económica ni propiedades.

"El perjuicio causado a estos trabajadores es claro y resulta de la actuación dolosa, mediante engaño suficiente y abusando de la confianza de los trabajadores, en ejecución de un plan premeditadamente concebido, junto con otros, para la ocultación de la auténtica realidad del grupo de empresas Nueva Rumasa, y las verdaderas razones para llevar a cabo determinados actos mercantiles y laborales", ha señalado el despacho.

Según Legalitas, para evitar el pago de las obligaciones asumidas con la Hacienda Pública y con la Seguridad Social, las empresas de Nueva Rumasa se daban de baja y todos sus activos se traspasaban a otras con el ánimo, presuntamente, de evadir las obligaciones fiscales.