La banca avisa de que las medidas populistas encarecerán el crédito

En el sistema financiero hay una honda preocupación tras los resultados de las pasadas elecciones municipales y autonómicas. El clima creado por algunas opciones políticas sobre el no cumplimiento de la ley si esa ley «no es justa» o las medidas anunciadas relacionadas con el «no a los desahucios» o la creación de una banca pública, ha saltado todas las alarmas. Dentro y fuera de nuestras fronteras. Entre la banca mayorista y la banca al por menor.

Así, según ha podido saber ABC, desde el seno de los bancos del Ibex-35 –Santander, BBVA, Caixabank, Popular y Sabadell– se advierte de que el «todo gratis» para aquellos que no puedan pagar su hipoteca puede traer consecuencias nefastas para los futuros clientes a la hora de seguir otorgando crédito, algo que se había reactivado tras años de sequía.

Nadie querrá prestar si se puede no devolver, avisan. Pero hay más. No sólo se restringirá la concesión de crédito, endureciendo las condiciones para obtenerlo, sino que lo encarecerá.

La banca ve una seria amenaza sobre el buen funcionamiento del sistema si se generaliza el incumplimiento de contratos y leyes acordados tanto con clientes como con las autoridades financieras. Fuentes del sector explican, por ejemplo, que las pérdidas que supone la no entrega de una vivienda en propiedad si no se puede devolver el crédito deben asumirlas las propias entidades, que están sujetas a una estricta regulación europea -con el Banco Central Europeo (BCE) como supervisor- y, según lo establecido, deberán tener provisionados todos esos inmuebles o impagos. Lo que crearía una espiral de no pagos y no entrega de viviendas que haría que la banca se abstuviera de dar más crédito hipotecario o de encarecer el que está pendiente de pago, a costa de los intereses.

Dicen las mismas fuentes que la creación de una banca pública –volviendo al pasado, con las excajas de ahorros, precisamente unas entidades que se han visto abocadas a la desaparición por la falta de credibilidad y por la perversa utilización, en algunos casos, de los políticos y fondos públicos– no es la solución. Estas entidades estarán igualmente bajo las mismas obligaciones regulatorias que la privada, y, en ningún caso, podrían ofrecer productos más competitivos. Además, en el caso de impagos de créditos quien tendrá que asumir el coste de esa vivienda será el propio Estado, algo que iría contra el déficit.

Pero el agujero irá más allá porque, según avisan varios bancos de negocio internacionales, algunos de sus clientes –grandes fortunas o fondos de inversión– ya han decidido paralizar proyectos en los que destinar su capital, por la incertidumbre creada, y en algunos casos incluso a pesar de haber pagado ya los depósitos realizados.

Fuentes financieras coinciden en advertir al Gobierno de que recuerde que la inversión extranjera, hoy día, es la que financia nuestra deuda pública, ya que no hay ahorro interno con el que financiarla, y si los inversores extranjeros retiran su confianza en los títulos soberanos, el déficit se disparará y, por tanto, al necesitar ingresos con los que paliarlo, se tendrán que subir, de nuevo, enormemente los impuestos.