El Gobierno salva a duras penas el primer trámite de los Presupuestos

El Gobierno consiguió ayer sortear a duras penas el primer trámite de los Presupuestos de 2010 en el Congreso. La Cámara Baja aprobó el techo de gasto para el próximo año, que será de 182.439 millones de euros, con el respaldo de los 172 diputados del PSOE, Coalición Canaria (CC) y Unión del Pueblo Navarro (UPN), mientras que 159 parlamentarios del PP, Partido Nacionalista Vasco (PNV), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Unión Progreso y Democracia (UPyD) se opusieron. La clave estuvo en las quince abstenciones de Convergencia i Uniò (CiU), IU-Iniciativa per Catalunya, Bloque Nacionalista Galego (BNG) y Nafarroa Bai (NaBai).

Fue una victoria trabajada por los socialistas. Hasta el último momento se sucedieron las negociaciones del Gobierno y el PSOE con los distintos grupos. Incluso los más pequeños fueron cortejados, bien para que votaran a favor, bien para que se abstuvieran.

Conseguida la aprobación, el Ejecutivo atravesó así la antesala presupuestaria y tiene manos libres para acometer lo que se presume un calvario otoñal. A día de hoy, y con estos números, no tiene garantizada la aprobación de las cuentas públicas del próximo año, pues se requiere mayoría absoluta, al menos 176 diputados, un listón en el candelero.

Pocas veces una votación que suele ser casi un ritual de trámite revistió la importancia que tuvo la de este techo de gasto. El año pasado, sin ir más lejos, se aprobó con los únicos votos del PSOE y la abstención del resto, salvo el PP que se opuso. La diferencia con este año radica en que no hubo piruetas previas del calibre de la protagonizada por los socialistas el pasado martes, cuando pasaron de anunciar un giro a la izquierda de su política fiscal, con incrementos de los tipos para las rentas más altas y progresividad en las subvenciones por hijo nacido y en la deducción de 400 euros, a dejarlo en nada a las seis horas, después de haber armado un pandemónium parlamentario de notables dimensiones.

Otro rasgo distintivo es que el año pasado nadie amagó con votar en contra y poner en peligro los Presupuestos, la ley que mide la salud política del Gobierno. Esta vez sí, los nacionalistas catalanes y la izquierda tuvieron en jaque hasta el final a un Ejecutivo condenado a la penuria parlamentaria por la estrategia de la geometría variable escogida por José Luis Rodríguez Zapatero.

Todo dependía de los diez diputados de CiU que, con el habitual pragmatismo de la federación catalana, se abstuvieron tras las promesas gubernamentales de no dar, al menos por ahora, el volantazo progresista a su política fiscal.

El voto en contra de los nacionalistas catalanes, sin la ausencia de cuatro diputados del PP, habría abocado al Gobierno a una derrota que llenaría de interrogantes la continuidad de la legislatura.

Septiembre

Salvado este trámite, los socialistas se sintieron aliviados, pero la sensación será efímera, hasta septiembre, cuando debe comenzar la negociación en serio de los Presupuestos Generales.

Con los guarismos de ayer, el Gobierno tiene razones para la inquietud. Cuenta de entrada con el 'no' del PP, CiU, PNV y UPyD, en total 170 diputados. Sólo da por seguros los 169 socialistas. Y nada más. Por el camino tiene que ganarse el favor de los once de Esquerra, IU-Iniciativa, BNG, CC, UPN y NaBai o, al menos, el de siete de ellos. Algunos socialistas se muestran optimistas, pero otros no tanto.

El debate, por lo demás, no deparó novedades y se ajustó a los cánones. La mayoría de los grupos, votaran en contra o se abstuvieran, fueron inclementes con el Gobierno.

La vicepresidenta segunda, Elena Salgado, afirmó que el Gobierno será austero en el gasto en el próximo trienio y que, para volver a cumplir con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, presentará el próximo otoño un plan económico-financiero que buscará el reequilibrio de las cuentas del Estado, que será estudiado en el Congreso de los Diputados.

Pero las promesas de la vicepresidenta Salgado o sus llamamientos a la responsabilidad de los grupos parlamentarios cayeron en saco roto.

El portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, entró a fondo y acusó al Ejecutivo de haber «tirado de la caja de todos los españoles y dejarla vacía» con sus medidas económicas.

En tono muy duro, Montoro acusó a la responsable económica del Gobierno de haber entrado ya en la Historia por llevar «a la mayor ruina a la Hacienda española en poco más de tres meses en el cargo». Y recordó que la ministra Salgado se estrenó en su cargo con una subida de impuestos y con anuncios de que se estudiarán nuevos alzas.

Aunque CiU se abstuvo, su portavoz en el Congreso, Josep Sánchez Llibre, fue casi más duro que el del PP y denunció «la pasividad tremenda y la falta de reacción» del Gobierno para afrontar la situación, además de «la tozudez» en no presentar «un plan estratégico» con el que hacer frente a la crisis.

El diputado del PNV Pedro Azpiazu sostuvo que «no hay liderazgo» para solventar la crisis y que el Ejecutivo se limita a «apretar el cinturón a los demás, mientras en el suyo se hacen algún agujero más para ir más holgados».

El republicano catalán Joan Ridao acusó a los socialistas de «poner el intermitente a la izquierda» en política fiscal «para acabar girando a la derecha».

Y así el resto. Sólo la canaria Ana Oramas apeló a la «responsabilidad» para explicar su decisión de apoyar al Gobierno.

Pasado el chaparrón dialéctico, llegó la hora de los votos, y con ellos el alivio, al menos hasta después del verano.