Un exconsejero de la CAM admite que el consejo aprobó las dietas de Crespo

Dos antiguos vicepresidentes y un consejero de Caja Mediterráneo (CAM) han prestado declaración este martes en la Audiencia Nacional con contradicciones acerca de los 300.000 euros que cobró el presidente, Modesto Crespo, en dietas a través de una empresa del grupo. Mientras que el consejero de Valencia en la entidad, Antonio Gil-Terrón, ha admitido que el consejo de administración aprobó esta remuneración y así figuraba en el acta de la reunión del 27 de noviembre de 2009, los exvicepresidentes de Alicante, Armando Sala, y Murcia, Ángel Martínez, lo han negado y han afirmado que solo se abordó nombrar a Crespo presidente de la sociedad participada Tinser Cartera SL, sin hablar de retribuciones.

El juez Javier Gómez Bermúdez ha iniciado así una ronda de interrogatorios que se prolongará hasta que presten declaración los 19 miembros del consejo de administración que avalaron con su voto que Modesto Crespo percibiera esa cantidad incluso con carácter retroactivo, en una pieza separada.

La contradicción entre los tres primeros en declarar podría explicarse porque la idea de autorizar esta remuneración partió del propio Gil-Terrón, aunque formalmente fue una propuesta elevada al consejo de administración por el director general, Roberto López-Abad. El testimonio del consejero valenciano imputado respalda ahora la sospecha de la Fiscalía Anticorrupción, que defiende que durante esa reunión los consejeros aprobaron también el pago de las dietas de forma retroactiva.

El Ministerio Público indicó en un escrito dirigido al juez que, a pesar de que Crespo no accedió a la presidencia de Tinser, filial de la caja que agrupa sus participaciones industriales, hasta el mes de diciembre de 2009, los consejeros aprobaron que cobrara «de forma retroactiva» las dietas correspondientes a los dos últimos trimestres del año. Gómez Bermúdez precisó en el auto en el que imputaba que el expresidente de la caja percibió estos pagos de forma «indebida».

Valencia Urbana

La acusación popular ha interrogado a Gil-Terrón por la posible incompatibilidad del cargo en la CAM cuando era presidente de Valencia Urbana, una firma inmobiliaria que era competencia de la división de negocio de la caja en este sector, pero el juez ha excluido este asunto por considerar que no correspondía en este momento, cuando se está dilucidando el cobro de las dietas autorizadas por el consejo en 2009.

Durante décadas, la caja enviaba a los consejos de sus sociedades participadas a directivos que no percibían ninguna retribución y las dietas generadas por esas empresas por la asistencia a las reuniones revertían en la contabilidad de la entidad.