Trump amenaza con endurecer aún más las restricciones a la inmigración

Donald Trump es un hombre de negocios y prometió manejar EE.UU. desde la Casa Blanca con las mismas armas con las que armó un imperio empresarial. La confusión, la división y la batalla legal que ha provocado su decreto contra la entrada de refugiados e inmigrantes de países musulmanes serían solo «el pequeño precio que hay que pagar» para ganar en seguridad. Esas fueron las palabras que utilizó este domingo su exdirectora de campaña y asesora, Kellyanne Conway, para justificar un decreto presidencial que ha sacudido a EE.UU.

La orden de Trump prohíbe la entrada en EE.UU. a todos los refugiados durante 120 días y veta la entrada durante 90 para los ciudadanos de Irak, Irán, Siria, Libia, Sudán, Somalia y Yemen.

Muchos se apresuraron a cuestionar su efectividad: ningún ataque terrorista ha sido perpetrado en EE.UU. en la última década por nacionales de esos países. La entrada en vigor de la medida provocó la detención y deportación de viajeros de esos países a los que la firma de la orden sorprendió de viaje, lo que ha motivado una airada respuesta de políticos de los dos partidos, indignación entre los países aliados de EE.UU., una batalla legal que ya empieza a tener consecuencias y protestas en todo el país. Este domingo las manifestaciones pasaron de los aeropuertos a espacios públicos. La más simbólica, en Battery Park, la punta de Sur de Manhattan por donde entraron millones de inmigrantes venidos en barco -sobre todo de Europa- durante el siglo XIX y buena parte del XX.

Nada de esto afecta a Trump, que este domingo demostró que no se ha sacudido el tono agresivo de la campaña electoral. «Nuestro país necesita fronteras fuertes y exámenes de entrada muy exigentes ahora», escribió en Twitter. «Mirad lo que está pasado en Europa y en todo el mundo, ¡un caos horrible!». Y no parece dispuesto a relajar su empeño en extremar las medidas de seguridad en la frontera. Según la CNN, un alto cargo de la Casa Blanca, Stephen Miller, habló con autoridades del Departamento de Estado, de la Policía de Aduanas y Fronteras y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en sus siglas en inglés) para decirles que el presidente seguía comprometido con su orden y que no se dejaran intimidar por la reacción ciudadana y mediática. Miller también dijo que la Administración Trump se plantea exigir a quienes vengan del extranjero que den acceso a las autoridades de la frontera a sus redes sociales y que faciliten los contactos de sus teléfonos móviles. De no hacerlo, se les denegaría la entrada.

La firmeza que Trump muestra en este asunto podría no ser suficiente. Varios jueces del país -en Nueva York, Virginia, Seattle y Boston- decretaron diferentes bloqueos a la orden judicial. En algunos casos, como Boston, instaurando una suspensión de 7 días para su aplicación en el aeropuerto de la ciudad. Pero los expertos señalan que esto es solo el comienzo de una gran batalla legal en la que se pondrá en cuestión la constitucionalidad de una orden que apunta a ciudadanos de una confesión religiosa y que ha afectado a personas con residencia legal permanente en EE.UU.

El caos que provocó la aplicación de la medida no va a desaparecer. En una señal de que la orden pareció aprobarse con prisa y sin prever sus implicaciones, las autoridades han dado diferentes versiones de a quién afectará. El sábado, el DHS aseguró que también se aplicaría a los residentes legales permanentes, con «tarjeta verde». Después agregó que se revisarían exenciones caso por caso. Y este domingo Reince Priebus, jefe de Gabinete de Trump, dijo que «en adelante» no afectará a quienes tienen «tarjetas verdes».

Demócratas y republicanos

La orden judicial ha sido criticada con fuerza por los líderes del partido demócrata, organizaciones de derechos civiles y empresarios -a Sergei Brin, fundador de Google, se le vio en una protesta en San Francisco-, pero también ha causado malestar entre los republicanos. Algunos la reprobaron con timidez. Mitch McConnell, líder republicano en el Senado, se limitó a decir que hay que ser «cuidadosos» porque «EE.UU. no hace exámenes sobre confesión religiosa».

La crítica de verdad vino de dos senadores combativos con Trump, John McCain y Lindsey Graham. Ambos firmaron un comunicado en el que denunciaban que la orden no estaba bien pensada, y que no se había consultado con departamentos clave, como el de Estado, Defensa o Justicia y que no se puede detener a quienes tienen «tarjeta verde» o a refugiados que han ayudado al ejército de EE.UU. o que no suponen una amenaza. Advirtieron además de que la orden será como «dispararse en el pie» en la lucha contra el terrorismo porque lanza la idea de que «EE.UU. no quiere que los musulmanes entren en nuestro país» y eso ayudará al reclutamiento de terroristas. La mayoría de los republicanos, sin embargo, prefirió guardar silencio.