Un año sin Nisman y sin saber la verdad de su muerte

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, recibió a Iara y Kala, las dos hijas de Alberto Nisman, el fiscal de la Unidad Especial-AMIA, cuyo cuerpo apareció sin vida, con la cabeza atravesada por una bala, en el cuarto de baño de su casa hace ahora un año.

La escena tiene un simbolismo formidable: las causas de la muerte de Nisman (el 18 de enero del 2015), tanto si fue por suicidio como un asesinato, siguen sin determinarse y la anterior inquilina en la Casa Rosada, Cristina Fernández de Kirchner, nunca dio el pésame a la familia del fiscal que la había acusado de organizar una red cuyo fin era encubrir a los presuntos autores del atentado, en 1994, al edificio de las sedes de la AMIA y la DAIA, principales instituciones isralíes en Buenos Aires.

El resultado inmediato de aquel ataque con coche bomba fueron 85 personas muertas y centenares de heridos. El otro, el de largo plazo, fue sumar entre las víctimas –de forma directa o indirecta- a Nisman y destapar un laberinto de espías, corrupción e intereses no santos del anterior Gobierno. A esto hay que sumar el desconcierto en Argentina al no coincidir ni peritos ni médicos oficiales con los de la familia para establecer la hora de la muerte y sus causas.

Al cumplirse el primer aniversario de lo que algunos, como la familia del fiscal, consideran un «magnicidio» y otros, como la ex presidenta y buena parte de sus ex colaboradores un suicidio, la DAIA convocó a todos los argentinos a una concentración para recordar a Nisman y demandar el esclarecimiento de su muerte. Algo similar a lo que se vivió un mes después de la muerte del fiscal y Cristina Fernández calificó entonces de «partido judicial», por haber sido organizada por fiscales, jueces, abogados y ciudadanos que protagonizaron una marcha de miles y miles de personas pese a arreciar un diluvio descomunal.

Aquella manifestación silenciosa pasó a la historia como «la marcha de los paraguas», la de hoy tiene como seña de identidad las «velas». Memoria y justicia para el muerto demanda la sociedad y un Gobierno que apenas lleva un mes en ejercicio. Entre las primeras medidas que adoptó Mauricio Macri en estas semanas figura no apelar la inconstitucionalidad del llamado Memorándum con Irán. Nisman entendía aquel pacto como el pistoletazo de salida de una carrera cuyo destino era lograr la impunidad de «los autores del peor atentado contra la colectividad judía cometido después de la segunda Guerra Mundial», observa Marta Nercellas, abogada de la DAIA durante el juicio.

Desclasificación de documentos

El Gobierno de Mauricio Macri se resiste a que la muerte de Nisman se añada a otras sin esclarecer o puestas en duda. Para ello desclasificó todos los documentos relativos a su vida y liberó al servicio de Inteligencia y a los funcionarios del secreto de Estado. Asimismo, designó a Mario Cimadevilla al frente de la Unidas Fiscal AMIA que Néstor Kirchner creó y entregó a Nisman. Entre su cometido estará ahora investigar la muerte de su antecesor.

«Una vez más se mostró la negligencia del Estado para cumplir con una función esencial que el contrato social te asigna de garantizar la vida de los ciudadanos y buscar la verdad para procurar justicia», se lamentaba en un artículo Julio Cobos, ex vicepresidente –aunque terminaron enfrentados- de Cristina Fernández.

La causa, coincidiendo con la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia, ha dado «un giro de 180 grados. Pasamos de investigar un suicidio a investigar un homicidio», celebró el abogado de la familia, Manuel Romero Victorica. La intervención de la fiscal Viviana Feinn, fue seriamente cuestionada desde sus orígenes. No sólo por apuntar directamente al suicidio sino por permitir que la escena del crimen se convirtiera en un desfile de personas y hasta del ex secretario de seguridad, Sergio Berni, sin que se adoptaran los recaudos necesarios para evitar que se contaminara. También por no hacer algo básico, «como revisar la computadora y el teléfono celular de inmediato», se sorprendía el juez federal Claudio Bonadío hace unos meses.

De nuevo, en coincidencia con el flamante Gobierno, la juez que entiende del caso. Fabiana Palmaghini , decidió apartar a la fiscal y ponerse ella al frente. La noticia, en palabras de Romero Victorica, es positiva, «se ha reencauzado y contextualizado. Parecía que la fiscal estaba investigando al señor Alberto Nisman y no fue así, al que se halla tendido en el cuarto de baño fue al Fiscal de la Unidad Especial AMIA», puntualizó. La observación se enmarca en la campaña de desprestigio que sufrió la figura de Nisman, cuya vida privada no era precisamente la de un monje, al difundirse fotografías en compañía de mujeres en ambientes frívolos. Pero también hay un contexto en el que la honestidad del fiscal se arrojó por la alcantarilla. La madre y la hermana de Nisman terminaron frente al juez Rodolfo Canicoba Corral para dar explicaciones de unas cuentas en el exterior que presumiblemente contendrían fondos difíciles de justiciar por el finado. De «esa partida» también participó Diego Lagomarsino, asistente informático, propietario de la pistola de la que salió la bala que mató al fiscal y velado sospecho para Cristina Fernández -según consignó en su FB- de ser el autor material del crimen y mantener una supuesta relación sentimental con su jefe.

En estos tiempos de cambio político el Gobierno parece determinado a hallar la verdad. La justicia, ahora, daría la impresión que también.