Un grupo de manifestantes se reúnen en El Paso, Texas (Estados Unidos) hoy, sábado 13 de enero de 2018, para protestar en contra de la desprotección legal en la que se encuentran miles de «soñadores»
Un grupo de manifestantes se reúnen en El Paso, Texas (Estados Unidos) hoy, sábado 13 de enero de 2018, para protestar en contra de la desprotección legal en la que se encuentran miles de «soñadores» - EFE

La fijación de Trump con el muro acerca al Gobierno Federal al cierre

Los demócratas tampoco aceptan una ley presupuestaria que no salve a los «dreamers»

CORRESPONSAL EN WASHINGTONActualizado:

El enfrentamiento político sigue pesando sobre una losa sobre el mecanismo institucional estadounidense. La creciente discrepancia de republicanos y demócratas, agravada por el presidente Trump como elemento desestabilizador añadido, amenaza otra vez el funcionamiento del país. Cinco años después del último cierre del Gobierno Federal, la medianoche de mañana, el sueldo de millones de funcionarios públicos puede verse congelado «sine die». Ni el voto favorable en la Cámara de Representantes, que intentaba con mucha dificultad un acuerdo «in extremis» para el que hace falta una mayoría reforzada, salvaría aún al país del cerrojazo administrativo, pendiente en el mejor de los casos de que el Senado ratificara hoy ese entendimiento.

Las horas previas a las primeras votaciones parlamentarias convirtieron la alta política en Washington en pimpampum entre la Casa Blanca y los partidos del Congreso. En un sonoro cruce de estrategias interesadas, Trump madrugó la iniciativa a todos, como acostumbra a hacer, con una furiosa proclama en Twitter en favor del muro con México. La serie de mensajes desautorizaba con contundencia a su jefe de gabinete, John Kelly, quien había abierto la puerta a suavizar la construcción a lo largo de la frontera con una valla debidamente vigilada, en un encuentro con congresistas demócratas. Más que la degradación del tipo de empalizada, fue la alusión del general a que Trump «no estaba bien informado en la campaña» (sobre la viabilidad de un alto muro de hormigón), la que desató la furia presidencial.

En la víspera del cierre del amenazado Gobierno Federal, el ocupante del Despacho Oval volvía a blindar su gran reclamo de campaña, su compromiso personal con el núcleo duro de sus fieles, frente a la exigencia demócrata de reducir las pretensiones sobre un muro que no están dispuestos a respaldar. No es el único escollo de una negociación a tres bandas para evitar que la ley presupuestaria embarranque, en la que republicanos y demócratas llevan la voz cantante, mientras Trump espera resultados en la Casa Blanca. Su dedo amenazante apunta a un futuro veto a cualquier acuerdo que no contemple su ansiada construcción. Por si quedaba alguna duda, hoy volvió a justificar su demanda con ataques al vecino del sur: «México es el país más peligroso del mundo, y tenemos que garantizar la seguridad del nuestro».

Los demócratas mantienen una segunda exigencia. Como demostraron ayer, rechazarán cualquier entendimiento que no pase por salvaguardar el futuro de los «dreamers». Un compromiso que adquirieron con una representación de los 800.000 jóvenes inmigrantes que están pendientes de un pacto en el Congreso, tras la cancelación del programa DACA, que les protegía de la deportación. Como proclamó ayer la líder de la minoría demócrata en el Congreso, Nancy Pelosi, para el partido de la oposición es «irrenunciable» que la ley presupuestaria recoja una partida económica como paso previo a la regularización definitiva de aquellos menores que entraron en el país como indocumentados.

En pleno bloqueo de la negociación, el ocupante del Despacho Oval vino a tumbar la vía intermedia con la que los legisladores de ambos partidos intentaban evitar el descarrilamiento del convoy federal, al menos con otro mes de prórroga. La enmienda bipartidista para prorrogar la popular cobertura de salud pública de los menores recibió un «no» por respuesta: «Debería formar parte de una solución estable, no para treinta días», zanjó el presidente.

En medio de la tensión, Trump y los republicanos intentaron exhibir una unidad que no existe atribuyendo a los demócratas toda la responsabilidad de un posible cierre del Gobierno Federal. Con apelaciones a la fibra sensible de la ciudadanía, al aseverar que «sería terrible que nuestros militares se quedaran sin cobrar su sueldo». Sin embargo, la encrucijada del partido mayoritario no es menor. El desgaste que supondría la clausura administrativa, que incluye un impago de todos los funcionarios públicos, perjudicaría notablemente al partido que controla el ejecutivo y el legislativo. El último precedente de cierre del Gobierno Federal, en 2013, que mantuvo a los empleados públicos sin cobrar durante dieciséis días, con un coste de 24 millones de dólares para las arcas públicas estadounidenses, venía a justificarse en mayor medida por el abierto enfrentamiento ideológico entre demócratas y republicanos.

La nueva amenaza al Gobierno Federal tiene lugar después de dos prórrogas previas, a partir del vencimiento del ejercicio presupuestario, que en Estados Unidos se consuma el 1 de octubre. El pasado diciembre, ante el riesgo real de una paralización de los fondos públicos, la mayoría y la minoría parlamentaria renovaron una prórroga de un mes, hasta hoy, 19 de enero.