Un informe documenta los «abusos sistemáticos» en Venezuela contra manifestantes y opositores
Human Rights Watch y Foro Penal recogen 88 casos de torturas y empleo de la fuerza contra al menos 314 personas
Human Rights Watch ( HRW ) y la organización venezolana Foro Penal han denunciado este miércoles que el Gobierno venezolano emplea «de forma sistemática» la fuerza bruta, incluida la tortura contra manifestantes, críticos y opositores políticos .
El informe «Arremetida contra opositores: Brutalidad, tortura y persecución política en Venezuela» se apoya en las denuncias de 120 personas, incluidas víctimas y familiares, abogados afiliados al Foro Penal y profesionales médicos que atendieron a personas heridas durante las manifestaciones.
La investigación documenta 88 casos sobre, al menos, 314 personas , muchas de las cuales han asegurado haber sufrido graves violaciones de los Derechos Humanos en Caracas y otros 13 estados entre abril y septiembre de 2017.
«Los abusos sistemáticos y generalizados contra los opositores del Gobierno en Venezuela, incluidos casos de torturas aberrantes, y la impunidad total de los agresores sugiere responsabilidad gubernamental en los más altos niveles», ha dicho el director para América de HRW, José Miguel Vivanco .
«No se trata de abusos aislados u ocasionales por parte de agentes insubordinados, sino más bien de una práctica sistemática de las fuerzas de seguridad venezolanas», ha denunciado Vivanco.
El director del Foro Penal, Alfredo Romero , ha denunciado que «desde abril, las autoridades han detenido al menos a 5.400 personas». «Algunos detenidos fueron liberados sin haber sido llevados ante un juez, pero otros fueron objeto de procesos penales arbitrarios sin las garantías básicas del debido proceso», ha explicado Romero. Según el informe, al menos 757 civiles han sido juzgados en tribunales militares por delitos que incluyen traición a la patria y rebelión militar, lo que supone una violación del Derecho Internacional.
Human Rights Watch y Foro Penal han compartido las conclusiones del informe con el Tribunal Penal Internacional y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro , quien está realizando un seguimiento detallado de la situación de los Derechos Humanos en el país.
«Hay altos funcionarios venezolanos que son responsables por graves abusos, que están siendo cometidos por sus subordinados», ha denunciado Vivanco. «Los gobiernos comprometidos con la crisis venezolana deberían enviar un mensaje claro al Gobierno venezolano, que no está demostrando tener la capacidad o la voluntad para que los miembros de las fuerzas de seguridad respondan penalmente por los abusos que cometen", ha dicho Vivanco, quien ha instado a la comunidad internacional a promover la justicia».
Fuerzas de seguridad
Según los denunciantes, las fuerzas de seguridad han empleado la fuerza bruta en la calles, donde se han realizado detenciones arbitrarias y se ha golpeado violentamente a los detenidos, torturándolos mediante descargas eléctricas, asfixia y agresiones sexuales.
En algunos casos, los miembros de las fuerzas de seguridad detonaron cartuchos de gas lacrimógeno en las celdas de confinamiento, donde hacinaron a los detenidos por períodos prolongados y les negaron el acceso a alimentos o agua, o los obligaron a ingerir alimentos contaminados deliberadamente con excrementos, cenizas de cigarrillos e insectos.
Ernesto Martín (pseudónimo) , de 34 años, ha contado a HRW que fue detenido en su casa por haber criticado públicamente al Gobierno y ha asegurado que fue torturado para confesar que tenía supuestos nexos con la oposición. «No soy un líder político ni una figura pública, soy un ciudadano de a pie», ha declarado Ernesto.
Human Rights Watch y Foro Penal han sugerido que el propósito de los abusos físicos y psicológicos no fue dispersar las protestas, sino castigar a las personas por sus opiniones políticas. A pesar de la evidente violación de Derechos Humanos, HRW y Foro Penal han declarado que no tienen constancia de que se hayan adoptado medidas para prevenir y sancionar a las fuerzas de seguridad. Por el contrario, han lamentado en el informe, a menudo las autoridades han restado gravedad a los abusos o han negado lo sucedido «con total inverosimilitud».
Noticias relacionadas
