Internacional

El gobierno británico apoya que se pida el pasaporte a las parturientas

Luz verde a que un hospital público de Londres pueda solicitar papeles y exigir el pago a las madres que no los tengan

El hospital de la Seguridad Social que exigirá condiciones a las parturientas
El hospital de la Seguridad Social que exigirá condiciones a las parturientas - ABC
LUIS VENTOSO Londres - Actualizado: Guardado en:

Dentro del giro contrario a los extranjeros que parece haber tomado el Reino Unido tras la llegada al poder de Theresa May, el Gobierno ha dado su apoyo al plan de un hospital londinense, integrado en la sanidad pública, para exigir el pasaporte o pruebas de residencia legal a las mujeres de parto.

La media se suma a la idea de demandar a las empresas listas de trabajadores foráneos, que se presentó como globo sonda en el congreso del Partido Conservador y fue retirado tras una ola de protestas. El Gobierno también ha implantado en el curso escolar que comienza unos controvertidos censos que obligan a que los alumnos extranjeros sean declarados por sus padres.

El St. George University Hospital de Londres, que trabaja para el NHS, el servicio nacional de salud, ha justificado su iniciativa explicando que es su deber velar por el buen uso de sus recursos. También aseguran que hay un “turismo de maternidad”, con mafias de estafadores que se aprovechan de mujeres nigerianas. En caso de que la parturienta no pueda acreditar con el pasaporte u otra prueba fehaciente que es residente legal, se le cobrará por el servicio.

El Real Colegio de Comadronas se ha rebelado contra la medida. “Tenemos más cosas que hacer que ver la situación legal de las mujeres. No somos guardias de fronteras”, se quejan. También temen que la iniciativa resulte peligrosa para las parturientas, pues podría retraerlas de acudir a los servicios de obstetricia, con el riesgo que ello conlleva para su salud y la de los recién nacidos.

El Gobierno ha respaldado la iniciativa a través de los ministerios de Salud e Interior. La medida no afecta a las mujeres comunitarias, que a día de hoy, mientras el Reino Unido siga en la UE, tienen derecho a atención pública gratuita.

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