Francia reforzará los poderes policiales tras el fin del estado de emergencia

El Gobierno francésprepara un proyecto de ley que busca otorgar más poderes a la policía para actuar sin un procedimiento judicial, ideado para poner fin al estado de emergencia decretado tras los atentados yihadistas de París del 13 de noviembre.

El diario «Le Monde» reveló hoy el contenido de esa proposición legislativa -enviada el 23 de diciembre al Consejo de Estado para que examine su legalidad-, que se marca como objetivo «obtener herramientas eficaces susceptibles de reducir la necesidad del estado de emergencia».

Un ejemplo de esas medidas son los registros administrativos -sin necesidad de orden judicial- de domicilios por la noche, que serán posibles de forma preventiva cuando haya un riesgo de que se atente contra la vida o contra la integridad física.

Esos registros, que antes del estado de emergencia no podían llevarse a cabo de madrugada antes de las 6 de la mañana, podrán producirse desde que se haya abierto una información judicial preliminar, es decir, antes de que haya un magistrado instructor designado, en casos de terrorismo.

Las fuerzas del orden podrán recurrir a los medios electrónicos de interceptación por radio (IMSI-Catchers), conexiones de ordenador o de teléfono con una simple autorización de la Fiscalía en los asuntos de delincuencia organizada.

En esa misma línea, se podrán hacer escuchas o videovigilancias incluso en un domicilio -hasta ahora sólo cuando daba el visto bueno un juez instructor- en una investigación de un delito flagrante o en la fase preliminar, bajo la supervisión de un magistrado de las libertades y de la detención.

Se endurecerán las penas por tráfico de armas y las fuerzas del orden podrán montar operaciones falsas de compra o venta de armas para infiltrar y hacer caer una red, como ocurre en el tráfico de drogas.

Se ampliarán las prohibiciones para adquirir armas a personas condenadas y para ello sus nombres se incluirán en una lista negra.

Por otra parte, los agentes tendrán menos restricciones para recurrir a sus armas de servicio, ya que se excluirá su responsabilidad penal cuando su uso sea «absolutamente necesario» para neutralizar a una persona que acabe de cometer algún asesinato y haya «razones serias» de que puede volver a hacerlo próximamente.

Igualmente se autorizarán los registros de vehículos y equipajes sin haber recibido luz verde judicial a instancias de la prefectura (delegación del Gobierno) en las proximidades de instalaciones o lugares considerados «sensibles» o para «prevenir un atentado grave contra la seguridad de las personas y los bienes», según el diario.

En cuanto a la residencia vigilada, una medida administrativa muy utilizada desde la entrada en vigor del estado de emergencia en la medianoche del 14 de noviembre, el Ejecutivo pretende que pueda aplicarse sin intervención judicial para personas que han vuelto de zonas donde e staban integrados en grupos yihadistas o que habían tratado de viajar allí.

Esa residencia vigilada tendría una limitación temporal de un mes, pero podría tener como complemento (durante seis meses) la obligación del sospechoso de dar las claves de su conexión a internet y de su teléfono, no tener contacto directo o indirecto con otras personas señaladas, y no salir de los límites de un determinado municipio.

Por calendario, el proyecto de ley no podrá entrar en vigor antes de que llegue a su término el estado de emergencia, fijado para el próximo 26 de febrero.