Familias de presos políticos denuncian que el Gobierno venezolano impide conocer su estado de salud dentro de prisión

Francisco Márquez y Gabriel San Miguel, más conocidos en Venezuela como Pancho y Gabo, son dos miembros de Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López, y de la MUD (Mesa de Unidad Democrática) que fueron detenidos el pasado 19 de junio. Se encontraban inmersos en plena campaña de recogida de firmaspara superar la primera fase que abría paso al revocatorio a Nicolás Maduro. Gabo tiene doble nacionalidad venezolana y española y Pancho es venezolano y americano.

Sin que se celebrase un juicio previo, el Gobierno de Venezuela les acusó de fomentar actividades violentas, e incluso se llegó a hablar de terrorismo, y tras un procedimiento de dudosa legalidad fueron encarcelados en la prisión «26 de julio».

Desde hace algo más de dos semanas, sus abogados y familiares no han podido verlos pero informan de la llegada de una carta escrita por Gabo que relata que hay motines violentos y con detonaciones en la Penitenciaría General de Venezuela que también afectan a la prisión en la que están encarcelados debido a su cercanía.

En el texto, San Miguel expone además que un virus se esparce por el centro. «Los dos han presentado fiebre de más de 40 grados y debilitamiento muscular por días consecutivos, lo que indica que pueden tener dengue o zika», asegura Maribel Rodríguez, madre de Gabriel San Miguel. Por su parte, María Luz Lara, madre de Francisco Márquez, explica que «Pancho está enfermo. Creemos que tiene dengue pero no hay manera de saberlo. Estamos incomunicados con él. Por eso apelamos al sentido de humanidad que profesan los funcionarios de este Gobierno, para que les brinden la atención médica a ellos y a toda la población penal y custodios que puedan verse afectados con los mismos síntomas».

El virus se expande, explican fuentes próximas a los presos, porque las condiciones de vida son «deplorables». Hay reclusos que «defecan con sangre» y en el caso de Pancho y Gabo, la letrina está dentro de la celda donde duermen. Explican que «solo tienen acceso a agua corriente durante 10 minutos al día» y que pueden salir de las celdas «para recibir la luz del sol durante una hora cada dos días».

En los últimos 45 días, sus abogados solo han podido estar con ellos en tres ocasiones y desde hace dos semanas no se han podido reunir con ellos a pesar de que en 48 horas termina el plazo de la Fiscalía para presentar los resultados de su investigación. Los presos tienen prohibida la comunicación por teléfono y la visita de los familiares, que desconocen cómo se encuentran física y psicológicamente, pero señalan que «temen por su vida». Sólo han podido verles una vez desde que fueron detenidos. A pesar de las sospechas, nadie externo a la prisión, ni abogados ni familiares, ha podido verificar su estado de salud.