Las discrepancias ante la crisis agravan la guerra de poderes en Venezuela

En la escalada del conflicto de poderes, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Henry Ramos Allup, rechazó este viernes la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de activar el decreto de emergencia económica del presidente Nicolás Maduro, cuestionado por el Parlamento venezolano a mediados del pasado enero.

La Sala Constitucional del Supremo, bastión del chavismo, decidió que «el aludido decreto entró en vigor desde que fue dictado y su legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídico-constitucional se mantiene irremediablemente incólume». Al mismo tiempo, citó a Ramos Allup a comparecer al TSJ.

Cuando el presidente Maduro anunció este jueves por la noche la decisión del máximo órgano de la Justicia, señaló que «democracia, constitucionalidad, que se acate la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia y yo actuaré en consecuencia, así que tengo vigente el decreto de emergencia económica, así que activaré un conjunto de medidas en los próximos días, que ya venía trabajando».

Por su lado, la directiva de la AN, presidida por Ramos, convocó una rueda de prensa para anunciar su rechazo contundente a la sentencia de Supremo, que lo calificó como un pelotón de fusilamiento. El político socialdemócrata dijo que recurrirá a organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Parlamento Europeo para denunciar el desconocimiento de los poderes Ejecutivo y Judicial a las decisiones soberanas del Poder Legislativo para «revertir la sentencia».

«En qué país del mundo cabe donde que siete magistrados de la Sala Constitucional, que no tienen credenciales, hagan ilusoria la soberanía popular con sus sentencias para sostener a un Gobierno que ha hecho tanto daño al pueblo. Maduro y el TSJ es una sociedad para delinquir», dijo Ramos Allup.

La AN rechaza el decreto de Maduro porque considera que pone en peligro la estabilidad social, abre la puerta a la expropiación de empresas y bienes privados, impulsa un «corralito» de la moneda nacional, pone mayores controles a la actividad económica y autoriza un estado de excepción.

El diputado José Guerra, presidente de la Comisión de Economía, declaró que la decisión de la Sala Constitucional es un golpe para el Parlamento. «El decreto de emergencia económica no es sólo un golpe contra la Asamblea Nacional sino avanza tercamente en el modelo que nos llevó a la crisis actual. Este decreto convierte al Banco Central de Venezuela en la caja chica del Gobierno».

Henry Ramos Allup subrayó que el choque de poderes que ha emprendido el Ejecutivo en su intento por desconocer la voluntad popular está acelerando la salida de Maduro por la vía constitucional, pacífica y democrática. El jefe del Legislativo indicó que inicialmente la oposición -que controla la mayoría parlamentaria- se había planteado un plazo de seis meses para buscar la salida democrática de Maduro, pero que podría ser dos, tres o cuatro meses antes. «En los próximos días vamos a anunciar el mecanismo más conveniente para cambiar de gobierno. Será pronto, prontito», recalcó sin precisar porque aún no han tomado la decisión.

No se cruzarán de brazos

Ramos Allup señaló que Maduro no necesita un decreto para tomar medidas económicas que resuelvan la crisis. Puede anunciar el aumento de la gasolina y la devaluación de la moneda sin necesidad de la aprobación parlamentaria. Precisó que comparecerá ante el TSJ siempre y cuando «me digan el motivo, el día y me garanticen que puedo hablar, porque no voy a hacer el papel de payaso».

A pesar del conflicto de poderes que existe en Venezuela, Henry Ramos Allup aseguró que el Parlamento no se cruzará de brazos. «Continuaremos ejerciendo nuestras funciones de dictar leyes, supervisar y controlar a los demás poderes».