HRW denuncia que «las deportaciones abusivas» a Turquía violaron los derechos de los expulsados

La Unión Europea trata de gestionar con la mayor discreción posible la expulsión de Grecia de miles de personas. En concreto de todos los refugiados e inmigrantes que llegaron, de manera irregular, a las islas helenas con posteridad al 20 de marzo. Una discreción que también significa silencio, falta de transparencia y, según gran parte de la opinión pública, impunidad. Y es que se trata de un proceso denunciado por decenas de organizaciones y académicos como ilegal. A pesar de que las autoridades prohiben el contacto de la prensa con estos refugiados e inmigrantes, las ONG denuncian que se están violando sus derechos.

Human Rights Watch (HRW) no ha podido ser más clara. «La primera ronda de deportaciones, aprobadas por la Unión Europea, de 66 personas desde la isla griega de Quíos, el 4 de abril de 2016, fue apresurada, caótica y violó los derechos de los deportados», ha denunciado a través de un comunicado.

Según la organización, las «deportaciones abusivas» también incluyeron a «personas que querían buscar asilo político». Las autoridades europeas y turcas han asegurado en diversas ocasiones que, hasta el momento, las personas devueltas lo han hecho voluntariamente, sin haber solicitado asilo en Grecia.

De acuerdo con lo anunciado tras la firma del polémico acuerdo entre Turquía y la UE, el día 4 abril los ferris alquilados por Frontex, la agencia europea para la gestión de fronteras, expulsaron de Grecia a 202 personas. El día 8 reanudaron el proceso con otras 124 más.

La prensa no ha podido, en ningún momento, hablar con estas personas. Al llegar al puerto de la pequeña localidad turca de Dikili les recibieron con autobuses y fueron trasladados a un centro de deportación cerca de la frontera con Bulgaria. Según Frontex, la mayor parte de ellos son ciudadanos de origen paquistaní. El día 8 fue la segunda y, hasta el momento, última jornada de expulsiones. Desde Grecia aseguran que necesitan más tiempo para poder continuar con ellas.

«Las autoridades griegas parecen haberse apresurado para realizar los retornos forzosos de Quíos, y de otras 136 deportaciones de la cercana isla de Lesbos, para cumplir con la fecha límite anunciada», señala el informe de HRW.

La ONG basa sus acusaciones en los testimonios de los amigos y familiares de los expulsados. Los miembros de HRW han podido contactar con ellos en un centro de detención de la isla de Quíos. «Las autoridades no informaron a las personas de que iban a ser deportadas, no les dijeron a dónde les llevaban y a algunos de ellos no se les permitió coger alguna de sus pertenencias personales», reza el documento de HRW.

«Vinieron y les dijeron que tenían que ir a registrarse -relata uno de los testimonios recogidos-. Se fueron felices y cuando salieron la policía les estaba esperando. Si hubiesen sabido que los iban a deportar, se habrían llevado sus mochilas, sus papeles, su dinero». La ONG apunta a que los mensajes de texto enviados entre los expulsados y las personas entrevistadas confirman las irregularidades y violaciones del proceso.