Foto: Ignacio Gil
Argentina

Cristina Fernández de Kirchner, de nuevo contra la cuerdas por el atentado a la AMIA

Un fiscal federal pide que le prohíban salir de Argentina y que le embarguen sus bienes

Corresponsal en Buenos AiresActualizado:

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, en campaña para lograr un escaño como senadora en el mes de octubre, tendrá que volver a verse las caras con la Justicia. El fiscal federal, Gerardo Pollicita, pidió su declaración, en calidad de imputada, como encubridora de Irán en el atentado a la sede de la AMIA, institución judía que saltó por los aires en 1994 en un acto que no ha sido esclarecido en su totalidad pero que se atribuye al gobierno iraní y a Hezbolá. Pollicita, además, solicitó al magistrado que prohíba a Fernández, a su ex ministro de Asuntos Exteriores Héctor Timerman y a una lista de imputados salir de Argentina y embargar sus bienes. En el caso de la expresidenta, por diferentes causas en las que está procesada –por asociación ilícita y corrupción–, pesan otros embargos sobre su patrimonio y las dos pensiones que percibe como viuda y como ex jefa del Estado.

El fiscal federal, en base a la causa original de su difunto colega Alberto Nisman (muerto en extrañas circunstancias de un tiro en la cabeza en enero de 2015) considera que existen nuevas pruebas que confirman, como aseguraba Nisman, que hubo un plan organizado desde el Gobierno de Fernández de Kirchner, con Irán, para encubrir a los presuntos autores del ataque a cambio de que «de Estado a estado» acercaran y profundizaran relaciones comerciales bilaterales ventajosas para Argentina.

Pollicita especifica en su dictamen, de más de doscientas páginas, que «los imputados acordaron la rúbrica» del denominado Memorándum de Entendimiento (aprobado y convertido en ley con el rodillo kirchnerista en el Congreso en 2013), para «obstruir e impedir» que se hiciera justicia. A renglón seguido, añade que ese memorándum fue «el medio escogido por los gobiernos involucrados para materializar el plan de encubrimiento que buscó brindar ayuda para dotar de impunidad a los acusados de nacionalidad iraní imputados» en el atentado.

El juez federal Claudio Bonadio, el magistrado que más detesta y al que ha recusado, sin éxito, la viuda de Néstor Kirchner, tendrá que decidir ahora la fecha de la cita, así como la del resto de los imputados. Todos tendrán que declarar en la causa que él mismo clasificó bajo la figura de «traición a la patria». Si lo hace la próxima semana coincidirá con la visita oficial a Buenos Aires del presidente de Israel, Benjamín Netanyahu.

Además de los cientos de grabaciones que presentó en su día Nisman de los imputados, Pollicita también tuvo en cuenta para adoptar estas medidas, el testimonio de Roberto Ahuad, exembajador de Argentina en Siria, que confirmó que Timerman mantuvo una reunión secreta con miembros del Gobierno de Irán (no reconocida por él) en Alepo (Siria), con el objetivo de hacer ese pacto que, entre otras cosas, consistía en que se dieran de baja las denominadas alertas rojas de Interpol que pesan sobre cinco iraníes acusados de ser algunos de los autores intelectuales del atentado contra la AMIA, que dejó un saldo de 85 muertos y centenares de heridos. La hipótesis más firme es que el mismo se habría materializado con un coche bomba.

Alberto Nisman fue designado por el expresidente Néstor Kirchner, al frente de la Unidad de Investigación de la AMIA para tratar de esclarecer «el atentado más grave cometido hasta ese momento en Occidente, después de la Segunda Guerra Mundial», como recuerda Marta Nercellas, abogada de la DAIA, otra institución judía que funcionaba en el mismo edificio de la sede de la AMIA.

La política respecto a Irán se modificó con el Gobierno de Cristina Fernández. La prueba de ello, que puso en alerta a Nisman, fue el mencionado Memorándum. Con atribuciones para investigar todo lo relacionado con aquel atentado Nisman, después de su aprobación en el Congreso, puso entre las cuerdas a la por entonces presidenta al denunciarlo como un acuerdo de su Gobierno con Irán que implicaba la impunidad y encubrimiento de los presuntos autores de la explosión con coche bomba, según el expediente judicial.

El 18 de enero de 2015 Alberto Nisman apareció muerto en el baño de su casa, en vísperas de presentar un informe al Congreso donde explicaba las razones por las que acusaba a la por entonces presidenta de Argentina, a su ministro de Asuntos Exteriores Héctor Timerman al diputado Andrés, alias «el cuervo», Larroque, al piquetero y exsubsecretario de Tierras para el Hábitat Social, Luis D'Elía y entre otros, el agitador político Fernando Esteche, de la organización Quebracho y presunto enlace con Irán. Todos ellos, forman parte de la lista que Pollicita le envió al Juez Federal, Claudio Bonadío. La muerte (por suicido o asesinato) de Nisman sigue siendo un misterio sin resolver.