EDUCACIÓN

Los padres pueden acceder a las calificaciones de sus hijos mayores de edad

Ambos progenitores tienen derecho al acceso a las notas y faltas de asistencia, aunque uno de ellos permanezca fuera del hogar del estudiante

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Cuando los progenitores mantienen un flujo de dinero en pensiones alimenticias y gastos escolares de sus hijos, pero la relación entre ambos no es buena, se suele producir una desinformación por parte de uno de los dos acerca del resultado de las calificaciones de sus hijos. Según Abogados de Familia «tienen un absoluto desconocimiento de si pudieran estar o no recibiendo alguna beca que podría reducir el coste de la matrícula»

Un informe de la Agencia Española de Protección de Datos avala que cualquier progenitor que se encuentre en el momento financiando los estudios de su hijo, pueda acceder a todas las calificaciones incluso si su hijo es mayor de 18 años. También se establece que si el progenitor está pagando una pensión alimenticia, su «interés legítimo» por acceder a los resultados escolares puede tener un mayor peso que el propio derecho a la intimidad y protección de datos del estudiante afectado, mayor de edad.

El documento, a su vez, indica que el hijo podrá negarse a la petición del progenitor. Por supuesto, siempre que tenga unos motivos fundados concretos según su situación personal.

«Podría darse el caso de que el hijo tenga una actitud de total desidia, no teniendo ningún aprovechamiento académico» explica la organización. Llegado este caso, siguiendo el informe de la Agencia de Protección de Datos, el progenitor podría pedir las calificaciones e información de una posible beca. Todo ello dirigiéndose de manera directa al centro de estudios, aunque se trate de un centro universitario.

De esta manera, ambos progenitores tienen derecho al acceso a calificaciones escolares y faltas de asistencia, aunque uno de ellos permanezca fuera del hogar del estudiante.

En el caso de estudiantes menores de edad, aunque uno de los progenitores no tenga la custodia del menor, tiene el derecho a estar informado, siempre que esa información no se haga pública a otras personas.

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