Carmena pagó 13 millones por BiciMad sin informes oficiales que avalaran las cuentas
El documento de valoración que muestran no está firmado por ningún técnico ni experto. El Ayuntamiento oculta los papeles que justifican que el ruinoso servicio valía la cantidad pactada
Mientras el Gobierno de Manuela Carmena desarrolla comisiones de investigación para analizar las gestiones del anterior Gobierno del PP, el equipo de la transparencia oculta los documentos que justifican la compra de Bicimad por 10,5 millones de euros -que finalmente fueron 13-. Había prisa por sumar el servicio público de la bicicleta al control municipal y Ahora Madrid entregó un cheque en blanco a Bonopark, la empresa que asumió su gestión en 2013 y a punto estuvo de declararse en bancarrota. En octubre de 2015, la entidad anunció a la actual Corporación que estaba al borde de la quiebra, con pérdidas mensuales de 300.000 euros . Con este argumento, la firma navarra solicitó al Consistorio el reequilibrio económico por 3,4 millones de euros. Ahora Madrid lo evitó pactando en privado asumir el negocio.
ABC pidió en septiembre al Área de Medio Ambiente y Movilidad, dirigido por Inés Sabanés , el expediente de rescate de concesión que desgranara el importe entregado, firmado, se entendía, por un técnico municipal. Especificaron que se trataba de una cesión de contrato entre dos empresas, EMT (propiedad del Ayuntamiento) y Bonopark , y que se había realizado una auditoría con una entidad privada. «El secreto mercantil no permite facilitar esa información», zanjaron. La Ley de Transparencia ampara a cualquier ciudadano a tener acceso a este tipo de documentos cuando se trata de una administración pública, ya que no pueden acogerse a ninguno de los límites que contempla la norma estatal; como por ejemplo, perjudicar la seguridad nacional, la defensa o la seguridad pública, entre otros.
Se procedió a hacer la petición a través del portal de Solicitud de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Madrid, solicitando también los expedientes sancionadores a Bonopark por incumplimiento reiterado del contrato -no se aportaron porque indicaron que no existían, pese a las malas prestaciones del servicio-. Un mes más tarde, se recibió respuesta de la Secretaría General Técnica, con firma de José María Vicent García. Entre los documentos se incluye una memoria justificativa firmada por la interventora general, María José Monzón; el viceinterventor, César Fernández López, y la jefa de servicio, María del Carmen Real Iglesias, donde se autoriza ceder el dinero a la EMT en base al «contrato de transferencia» de Bicimad que oculta Ahora Madrid. Al final del documento se incorporan cinco folios sin membrete, sin rúbrica y sin saber quién los realiza, pero que sirven de base para «validar» los 13 millones.
Irregularidades
El documento tiene el enunciado de «valoración del precio del contrato de transferencia de unidad de negocio relacionada con la gestión del servicio Bicimad». Según aclaró la Concejalía de Sabanés, está redactado por la EMT «y no necesita ninguna firma». Todo el expediente ha sido examinado por un economista, dos funcionarios al servicio de la Administración pública y un analista financiero. Entre las conclusiones de su estudio subrayan importantes irregularidades y carencias, como el hecho de que este apartado no cuente con el respaldo de un técnico municipal ni incorpore la valoración del objeto del negocio hecha por un experto externo e independiente. Además, ponen en relieve que no se ofrece una cifra de amortización del servicio .
Sobrecoste
ABC ha accedido a la memoria económica y el plan económico-financiero que entregó Bonopark en la licitación del concurso y que le sirvió para ganar la gestión (fue el único licitador) en 2013. Aquí señalaba que todo el servicio costaba 7,3 millones de euros. Amortizado (es decir, usado), 3,5 millones de euros. En el precio se incluían elementos como las bases con anclajes, las cámaras, los tótem, las plataformas, las baterías y las 2.028 bicicletas (cifra que nunca llegó a estar disponible para los usuarios), valoradas cada una de ellas en 700 euros. Si a ese valor amortizado se incluyen los 3,5 millones de euros que Bonopark pedía en el reequilibrio económico, el precio de la cesión llegaría a alcanzar los 6,9 millones de euros y no los 13 millones de euros que se van a pagar finalmente por la compra (con la suma del IVA -2,2 millones extra- y 236.250 euros fijados de intereses, ya que el 75% del importe se paga en cinco años con un tipo de interés del 3%). El Ayuntamiento no justifica el sobrecoste.
Los analistas también ponen la lupa sobre el interés , ya que el Consistorio podría haber pactado un tipo más bajo . No incorporan tampoco un balance de situación con pérdidas y ganancias, ni la memoria económica, ni flujo de caja.
En el documento anónimo se tiene en cuenta el valor actual neto de los flujos de caja con hipótesis falsas , como por ejemplo, el número de pérdidas de bicicletas por robo o vandalismo. Las fija en 65 en una parte del documento, y en otro en 60. Como publicó ABC el mes pasado , desde septiembre de 2016 hasta septiembre de 2017 dejaron de funcionar cerca de 900, lo que sitúa la tasa por encima de las 70. Además, habla de que el número de bicicletas aumentará hasta las 4.000 en 2019 y es imposible, ya que el contrato marca 500 por año. En estos momentos hay 2.028 (aunque no están disponibles diariamente), cifra que tampoco se cumple, ya que establecía que habría 2.636 en 2017.
El lote número 5 del Contrato Integral de Movilidad, que se licitó en 2013, incluía también el servicio de vallas para Bonopark, un apartado que en los documentos se obvia y no se cuantifica. Estaba prevista una duración del contrato de 12 años. En este periodo, la empresa recibía alrededor de 20 millones de euros de las arcas -según se fija en el contrato-. El negocio ha resultado redondo para la empresa navarra, que tan solo en cuatro años se ha llevado 13 millones de euros más la cuantía anual fijada que percibía del Consistorio, oscilante entre el millón de euros del primer año y los 1,7 de 2015 y 2016, a lo que habría que restar las inversiones extra realizadas y las penalizaciones a descontar, datos ocultos por la Administración local.
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