Los ganaderos de Lugo deciden retirar los tractores del centro de la ciudad

Entre la disyuntiva de levantar la tractorada o apelar al Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) la resolución dictada por la Subdelegación del Gobierno, en la que limita la concentración de los tractores —más de 300 se mantienen apostados desde el pasado 10 de diciembre a los pies de la Muralla de Lugo—, los ganaderos de la provincia se reunían ayer en asamblea para tomar una decisión. Una cita que duró más de siete horas y que incluyó una segunda vuelta por los ayuntamientos, tanteando a los respectivos responsables, ante la necesidad de concitar el máximo consenso posible. Pese a que el paso a dar iba a determinarse este miércoles, no ha sido hasta hoy cuando han hecho pública su decisión final.

Según confirmó a Efe uno de los portavoces de Agromuralla, Odón Castro, «hemos decidido retirarnos» .

Una asamblea que estuvo condicionada por la resolución tomada el martes por la Subdelegación del Gobierno, que decidió limitar la concentración organizada por el colectivo Agromuralla de tal forma que los tractores que rodean el perímetro del Patrimonio de la Humanidad debían ser colocados uno detrás de otro, de manera que formesen una hilera a su alrededor y quedasen libres «en todo momento» dos carriles para la circulación de vehículos.

Esta orden se dictaba después de una importante contestación de los empresarios de Lugo, la Federación del Comercio y la Policía Nacional, que hicieron saber, a través de sendos informes, el malestar generado en la urbe por los problemas de tráfico que desde el pasado 10 de diciembre está ocasionando la concentración. En consecuencia, durante las Navidades, las tiendas del centro de la ciudad vieron cómo se resentían sus ventas. Y es que pese a que entienden la difícil situación que atraviesa el sector lácteo gallego, censuran haberse convertido en un «efecto colateral» de sus protestas.

Por su parte, el principal argumento de defensa para los productores de la provincia es que «solo con medidas de presión» podrán alcanzar su objetivo, que las industrias suban el precio que pagan a los ganaderos por el litro de leche. Un incremento de entre un céntimo y medio y dos al que se comprometieron las cadenas de distribución, entre ellas Dia, Eroski, Carrefour o Alcampo, y que defienden debería verse reflejado en el pago de diciembre —se liquida en enero—.

El sector lácteo veía agravada la crisis en la que lleva años inmerso el pasado mes de abril con el final del sistema de cuotas que regulaba la producción. Pese al esfuerzo al que se comprometieron industria y distribución, los promotores de la protesta advierten que no se creerán nada hasta que las subidas prometidas tengan reflejo en las facturas.

Golpe de timón

En este complicado escenario, era la Subdelegación del Gobierno la que tomaba las riendas de la situación con una solución que, en palabras del presidente del centro comercial abierto de Lugo (Lugocentrum), José Luis Pérez, era «la menos mala». Según dijo, «no es ni mucho menos la que ansiábamos pero es mucho mejor esto que no hacer nada, porque es una pequeña solución, que siempre ayuda». En todo caso, reconoció que lo ideal sería que los ganaderos levantasen la protesta, porque «después de un mes, todo lo que querían reivindicar ya lo han reivindicado».

El golpe de timón de la Administración central que queda sin efecto tras la decisión de los ganaderos no ponía fin a la concentración, tal y como defendía ayer el subdelegado del Gobierno en Lugo, Ramón Carballo, pero daba respuesta a la demanda ciudadana de dosificar una protesta que se ha dejado notar en la ciudad y en la que algunos se han convertido en víctimas improvisadas.

Recurso «inviable»

Y dicho, y hecho; los ganaderos se retiran. Además están redactando un escrito para responder a los argumentos esgrimidos por la Subdelegación del Gobierno, en base a las quejas de la CEL, la Federación de Comercio y la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería.

Este documento pretende responder a los empresarios que promovieron esa resolución, porque los ganaderos llegaron a la conclusión de que la posibilidad de recurrir la decisión de la Subdelegación al Tribunal Superior de Justicia de Galicia era «inviable», porque tenían «todas las perder», comentó Castro.