Luis Ojea - LA SEMANA
Disparate tras disparate
En este país tenemos un problema con el concepto de huelga. El privilegio de ausentarse de su puesto durante una huelga sin ser sancionados por incumplir su contrato no supone legitimidad para violar el ejercicio de los derechos de los demás
Una pareja decide casarse. Hace todos los trámites necesarios. La administración le da cita para una determinada fecha. Y ese día, a la hora fijada, se presenta en las dependencias que le han indicado. Pero resulta que se encuentra en el exterior de la sala donde se va a casar con un grupo de personas con silbatos, megáfonos y hasta un bombo que deciden ponerse a gritar «no te cases, únete».
Desgraciadamente el relato no es producto del delirio de un mal guionista tras una noche de borrachera. Sucedió días atrás en Vigo, a raíz de la huelga en la administración de justicia. Un grupo de trabajadores que secundan el paro accedieron a las dependencias del juzgado. Se situaron delante de las puertas de las salas donde se celebran bodas civiles. Y por alguna incomprensible razón pensaron que tenían derecho a ponerse a berrear.
Primer disparate. ¿En qué momento creyeron que era admisible su comportamiento? Habría que preguntarles si antes, durante o después de lo sucedido invirtieron un minuto en pensar que la pareja a la que le fastidiaron el día de su boda paga su salario.
Segundo disparate. Cuentan los cronistas que los novios mostraron su enojo por lo ocurrido. Lo que no consta es que alguien hubiese hecho algo para garantizar sus derechos.
En este país tenemos un problema con el concepto de huelga. Hay quien no quiere entender el significado del artículo 28 de la Constitución, el Real Decreto Ley 17/1977 y la reinterpretación de este que ha efectuado el TC. El privilegio otorgado a los trabajadores de ausentarse de su puesto de trabajo en horario laboral durante una huelga sin ser sancionados por incumplir las condiciones de su contrato no supone atribuirles legitimidad alguna para violar el libre ejercicio de los derechos de los demás ciudadanos.
Esa es una de las paradojas de las huelgas en las administraciones públicas. Que el perjudicado no es ningún malvado patrono. Los perjuicios los sufren directa e inexorablemente los usuarios de los servicios. Es decir, la sociedad en su conjunto. Los ciudadanos se convierten así en rehenes de los comités de huelga.
Ese es el tercer gran disparate. Resulta atroz escuchar estos días a algún líder sindical ufanarse de que se estén retrasando durante meses los procesos judiciales suspendidos. ¿En qué momento han pensado que es admisible regodearse de estar pisoteando los derechos de las personas involucradas en esos procesos?
Todo ello, además, se agrava cuando algunos no quieren entender que «servicios mínimos» no significa «límite máximo». Resulta abracadabrante que se siga tolerando en las huelgas que los piquetes coaccionen, presionen e intimiden a los trabajadores que libremente deciden no secundarla y acudir a su trabajo. O que traten de impedir que se desarrolle con normalidad el trabajo de aquellos que están convocados en servicios mínimos o incluso de servicios que ni siquiera están en huelga.
El dislate ha llegado a tal extremo que estos días se han desarrollado protestas en dependencias judiciales y de forma paralela el comité de huelga ha anunciado que denunciaría a un juez que celebraba juicios que no estaban incluidos en los servicios mínimos, aduciendo que suplantaba las tareas del funcionario del cuerpo de auxilio al convocar directamente a las partes.
Estupendo. Pues nada, todos a cumplir las órdenes de los líderes sindicales, las administraciones a tragar y los ciudadanos a pagar el pato. Entre otras cosas porque nadie parece dispuesto a evitar esta sucesión de despropósitos. Esta huelga ya no solo va de reivindicaciones salariales más o menos disparatadas. Lo que está en juego es además que se frene esta sucesión de dislates cada vez que se convoca un paro en una administración pública.
