El TSJ rechaza suspender cautelarmente el recorte de los conciertos educativos para el curso 2017-2018

La Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha rechazado en sendos autos la suspensión cautelar de la renovación de los conciertos educativos que había solicitado el Centro Integrado La Purísima-Franciscanas y la Fundación Institucional Cultural Domus contra la desestimación por silencio administrativo de la solicitud presentada en el expediente sobre renovación de conciertos educativos para el curso 2017/2018, en la etapa de bachillerato, que determina la pérdida de dos aulas concertadas para las actoras, que solicitaron como medida cautelarísima la suspensión de dichas resoluciones.

Contra ambos autos, facilitados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, cabe interponer recurso de reposición.

Uno de los motivos que el auto alega para desestimar la adopción de la medida cautelar es que la parte actora "no acredita -y ello es sustancial- la irreparabilidad del daño que conlleva la ejecución de la resolución impugnada, que en definitiva supone una determinación del número de plazas escolares concertada para el curso en el centro docente recurrente".

"Se trata en todo caso de perjuicios económicos cuya reparabilidad es evidente", indican ambos autos.

La semana pasada, el alto tribunal valenciano ya desestimó la suspensión cautelarísima --es decir, por la vía de urgencia y sin escuchar a la Generalitat--, de la renovación de conciertos educativos para el próximo curso que habían pedido estos dos centros. El tribunal tramitó entonces la petición como medida cautelar y antes de resolver dio dos días a la Conselleria de Educación para que formulara las alegaciones que considerara oportuno.

En sus argumentos, la Generalitat ha presentado los informes de la jefa de Servicio de Centros privados y Concertados en el que se señala que ambos centros recurrentes, en su zona y respecto de las unidades de bachillerato, "son los que menos preferencia tienen para renovar el concierto".

La administración añade que no se produce un daño irreparable o de difícil reparación, pues nada impide a los centros mantener sus aulas, eso sí "como unidades privadas sin conciertos, pues en ningún caso la ejecución de la resolución supone que el centro tenga que suprimirlas y mucho menos que los alumnos se queden sin escolarizar". Finalmente, esgrime que "hay que apreciar la existencia de evidentes intereses contrapuestos, concurriendo un evidente interés público".

Oídas las partes, la sala --que subraya que en las presentes resoluciones no se entra en el fondo de la cuestión-- recuerda que la medida cautelar no se puede aplicar generalizadamente en la vía contencioso-administrativa y la doctrina de la apariencia de buen derecho "solo en contadas ocasiones puede aplicarse como razón determinante de la decisión, no desde luego, cuando la apariencia pretende deducirse de la pura discrepancia del recurrente con la aplicación e interpretación de las normas aplicadas por la administración".

En el arreglo escolar para el próximo curso un total de 302 unidades de educación obligatoria han sido desestimadas, es decir, se les ha denegado el concierto. De esta cifra, 124 corresponden a Infantil, 114 a Primaria y 64 a Secundaria. En cuanto a Bachillerato, el Gobierno valenciano ha suprimido 27 con respecto al curso que termina y desestimado 57. Aunque, para la Generalitat, se consideran las 87 desestimadas. El matiz se debe a que todos los centros deben iniciar el procedimiento de solicitud de conciertos cada año para los cursos de enseñanza no obligatoria. Mucho más suavizado es el recorte de la educación pública, que suprime 21 unidades en Infantil y 65 en Secundaria.