Tribunales

José Luis Olivas, de presidente de la Generalitat y de Bancaja al banquillo de los acusados

El exdirigente del PP se enfrenta a una petición de dos años de cárcel por presuntos delitos contra la Hacienda pública y falsedad documental

Imagen de Olivas tomada este martes en el banquillo de los acusados
Imagen de Olivas tomada este martes en el banquillo de los acusados - MIKEL PONCE

José Luis Olivas (Motilla del Palancar, 1952) se ha convertido este martes en el segundo expresidente de la Generalitat que se sienta en el banquillo de los acusados. El primero fue Francisco Camps, quien resultó declarado no culpable en el conocido como «caso de los trajes». Olivas apenas permaneció unos meses en el cargo como presidente de la Comunidad Valenciana, en el que relevó a Eduardo Zaplana. Las siguientes elecciones (mayo de 2007) las ganó Camps y Olivas dejó la política para recalar en el sistema financiero como presidente de Bancaja y, posteriormente, vicepresidente de Bankia.

Sin embargo, el asunto que ha llevado a Olivas al banquillo este martes no guarda relación con su pasado como político o banquero, sino como empresario. El expresidente autonómico y el empresario Vicente Cotino se enfrentan a un juicio por presuntos delitos contra la Hacienda pública y falsedad documental en el Juzgado de lo Penal 6 de Valencia .

En esta vista se enjuiciarán unos hechos cometidos en 2008, cuando una empresa del en su momento máximo dirigente autonómico asesoró a una mercantil del empresario Vicente Cotino, sobrino de Juan Cotino, expresidente de las Cortes Valencianas y exdirector general de la Policía.

Olivas, que alcanzó en 2006 la cúspide de su carrera política tras haber sido concejal del Ayuntamiento de Valencia, conseller de Economía y vicepresidente autonímico, se enfrenta a una petición de cárcel.

El ministerio público pide para los dos acusados dos años de prisión y multa de 200.000 euros por un delito fiscal y un año de prisión y multa de 2.700 euros por falsedad documental. La fiscalía provincial de Valencia solicitó al Juzgado de Instrucción número 14 de Valencia la apertura de juicio oral contra Olivas y Vicente Cotino y contra las empresas Grupo Fiscal Asedes Capital, Sedesa Inversiones e Imarol.

En su escrito de conclusiones provisionales, la fiscalía expuso que Vicente Cotino era en 2008 dueño y administrador único del Grupo Fiscal Asedes Capital, al que pertenece la empresa Sedesa Inversiones, cuyo objeto social era el sector de la construcción y el energético.

Por su parte, José Luis Olivas era administrador y socio al 50% con su esposa, Mercedes Álvarez -imputada inicialmente en esta causa-, de Imarol, cuyo objeto social era el asesoramiento de empresas y la inversión patrimonial.

Para el fiscal, Cotino y Olivas actuaron de acuerdo "con ánimo de defraudar a la Hacienda pública", para lo cual decidieron consignar en el impuesto de sociedades de 2008 del grupo Asedes como gasto deducible una transferencia de 580.000 euros que hizo Sedesa Inversiones a Imarol, "cuya causa y finalidad se desconoce".

Para ello, los acusados "crearon un documento que aparentaba ser una factura" firmada por Olivas -la única que emitió Imarol en 2008-, en la que se documentaba que el cobro por Imarol a Sedesa de ese importe se debía a "unas supuestas actividades de gestión y asesoramiento" en la venta por Sedesa Inversiones a Eneda de su 25% en Proyectos Eólicos Valencianos.

Ese asesoramiento "no existió", según el fiscal, ya que esa venta la realizó la empresa Inversiones Alternativas Energéticas, propietaria de las acciones y también perteneciente el Grupo Asedes, "sin intervención alguna" de Olivas.

Por su parte, el expresidente aseguró en noviembre de 2014 en un comunicado enviado a Efe que nunca tuvo poderes ejecutivos en Bancaja ni un contrato de alta dirección, por lo que afirmó que podía ejercer libremente como abogado y asesor de Sedesa Inversiones.

Según explicó en ese comunicado, entre los meses de abril a julio de 2008 colaboró con la empresa Sedesa Inversiones en la gestión y asesoramiento para la venta de su participación del 25 % en Proyectos Eólicos Valencianos a Endesa, por cuyo trabajo expidió la correspondiente factura y percibió los honorarios profesionales que tenía acordados con su cliente.

Esos honorarios, según José Luis Olivas, "fueron declarados a Hacienda en su momento y por ellos" hizo efectivos los correspondientes impuestos.

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