Caso Taula Directivos de Imelsa niegan que recibieran presiones políticas para la adjudicación del «call center»

Varios responsables de la empresa pública defienden la legalidad en el procedimiento para contratar el servicio

Los directivos de Imelsa que han comparencido este lunes ante el juez han defendido que la adjudicación del servicio de «Call Center» tributario a la empresa Servimun (gestionada por el hijo del exsuegro del que fuera gerente de la empresa pública, Marcos Benavent) fue tramitada de forma legal y cumpliendo con todos los requisitos.

En total, han sido cuatro los investigados que estaban citados a lo largo de la mañana ante el magistrado Víctor Gómez: Enrique Grau, director del área jurídica de Imelsa; Manuel López Montoliu, jefe de unidad de procesos masivos tributarios; Salvador Deusa, jefe de sección de evaluación y planificación; y Ricardo Francisco Ángel, jefe de servicio de recaudación tributaria.

En esta pieza separada de la macrocausa, el juez indaga en el presunto amaño en la adjudicación del contrato del centro de atención telefónica de la Diputación de Valencia en 2013 por 2,26 millones de euros con el objetivo de favorecer al exsuegro de Benavent. Entre la docena de investigados por los presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, prevaricación, fraude en la contratación pública, cohecho y falsedad documental se encuentran el expresidente de la corporación Alfonso Rus y el exsuegro del «yonki del dinero», Mariano López, además del propio Benavent.

Según fuentes presentes en los interrogatorios de este lunes, los directivos han afirmado que no percibieron ningún tipo de ilegalidad ni en la redacción del pliego ni en la tramitación y adjudicación de este servicio a Servimun.

El director del área jurídica de Imelsa, Enrique Grau Freixa, ha indicado que «fue todo correcto», aunque sí ha admitido «discrepancias a nivel técnico» entre él y jefe de sección de evaluación y planificación, Salvador Deusa, quien según la investigación habría colaborado con Rus para manipular el proceso de adjudicación vulnerando el principio de imparcialidad que debe regir la contratación pública. Este último ha remarcado que su intención era que Servimun fuera gestionado por personal perteneciente a la propia Diputación.

Ambos han defendido que los criterios fueron adecuados y han negado específicamente que recibieran indicaciones o presiones políticas respecto a la redacción de un pliego a medida.

Tanto ellos como el resto de investigados han destacado, igualmente, que no participaban de forma efectiva en la toma de decisiones respecto a estas adjudicaciones.

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