Caso Taula El PP exculpa a las administradoras del partido del delito electoral que investiga el juez

Alega que no podían conocer los gastos que «en apoyo de una determinada candidatura hayan podido realizar terceros»

Imagen de archivo de la sede del PP Valencia
Imagen de archivo de la sede del PP Valencia - ROBER SOLSONA

«El administrador no puede conocer los gastos que en apoyo de una determinada candidatura hayan podido realizar terceros ajenos al partido y por tanto no puede responder de los mismos». Se trata de la principal justificación del PP en su escrito de alegaciones remitido al juez Víctor Gómez, que investiga el presunto blanqueo de capitales de 50.000 euros en el grupo popular del Ayuntamiento de Valencia en una pieza separada dentro de la macrocausa de la Operación Taula.

El magistrado solicitó a principios de mes a la Fiscalía Anticorrupción que se pronunciara sobre la posibilidad de que el supuesto blanqueo pudiera ser instruido independientemente del delito electoral tras ampliar la investigación en este sentido. Esta petición la realizó después de que el fiscal abogara por incorporar la denuncia interpuesta por Compromís a la causa, pero el juez entiende que para ello ha de existir una «conexidad» entre los hechos que se investigan en ambos delitos. Así, ofrecía a las defensas de los concejales y asesores efectuar alegaciones sobre si tienen relación.

Por el momento se han presentado varios escritos negando esta conexión, incluyendo el del propio PP que resulta especialmente significativo. En él trata de exculpar a los administradores del partido, cargos a los que apuntaría la investigación del delito electoral. Según el artículo 149 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, éste afectaría a los administradores generales y de las candidaturas de los partidos que falseen las cuentas, reflejando u omitiendo indebidamente en las mismas aportaciones o gastos o usando de cualquier artificio que suponga aumento o disminución de las partidas contables. Es decir, que no se puede imputar al partido por estos hechos, sino únicamente a personas físicas.

Las últimas peticiones del juez han ido en esta dirección. Solicitó tanto al Ministerio del Interior como al Tribunal de Cuentas que identificara a los responsables de las campañas que investiga, concretamente las de 2011 y 2015. Según la información remitida al juzgado, se trataba de la actual tesorera y gerente del partido, Carmen Navarro, y de Montserrat Tello, gerente de la formación en la provincia de Valencia.

Ambas podrían acabar como imputadas, una posibilidad que no ha sentado nada bien en el PP tanto a nivel regional como a nivel nacional. Fuentes del partido ya señalaron a ABC que, en el caso de que tuvieran que declarar como investigadas, se acabaría produciendo un enfrentamiento directo con el grupo municipal en sede judicial. «El PP se tiene que defender, como es lógico, puesto que no tenía nada que ver en la gestión de las cuentas del Ayuntamiento como ya explicó el representante jurídico en su declaración. Esa defensa acabaría en un ataque hacia aquellos que se encuentran más cerca de los hechos», admitían.

Y parece que así se está cumpliendo aunque todavía no se les haya citado como investigadas. En el escrito de alegaciones, en el que cargan contra Compromís por la denuncia al entender que «no se sostiene», el partido defiende que los gastos que son objeto de análisis por parte del juez «no tienen la consideración de gastos electorales puesto que no han sido contratados» por ellos. «Es más, ni siquiera eran conocidos por el propio partido cuya candidatura querían promover», añade.

Desconocimiento de las cuentas

El PP se vuelve a desvincular, como ya ocurrió cuando declaró su representante legal en sede judicial, de las actuaciones del grupo municipal y de sus cuentas, y mantiene que éste funcionaba totalmente al margen: «Es absolutamente imposible que esos gastos figuraran en la contabilidad electoral del Partido Popular y, en consecuencia, es imposible que su administrador electoral se planteara siquiera si contabilizarlos o no, porque no llegó a conocerlos».

En definitiva, que según la formación, no se podría imputar las actuales tesoreras pues que no cometieron delito electoral al no tener conocimiento de los gastos y, por tanto, no realizar de forma consciente y deliberada un falseamiento u omisión de las cuentas. «¿Qué responsabilidad se le puede exigir a un administrado electoral que desconoce la actividad de terceros sobre los que no tiene ninguna jerarquía y al cual, en otro orden de cosas, no se le informa de que se han llevado a cabo dichos gastos? Ninguna», concluye el escrito.

El partido apunta también, respecto a la denuncia de Compromís en la que se les acusa de que los hechos denunciados les habrían reportado un beneficio económico, que en el año 2015 no alcanzaron a cubrir el límite máximo de gasto en las elecciones. En la documentación aportada consta que éste se cifraba en los 12,9 millones de euros, mientras que el gasto real fue de 9,6 millones.

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