Las universidades Pompeu Fabra y Rovira i Virgili se adhieren al Pacte Nacional pel Referèndum

Las universidades Pompeu Fabra de Barcelona (UPF) y Rovira i Virgili de Tarragona (URV) se han adherido esta semana al Pacte Nacional pel Referèndum, después de que se pusiera en marcha una campaña para ello desde la asociación y la plataforma Universitats per la República.

La UPF se adherió a la plataforma que reclama un referéndum secesionista en la reunión del Consejo de Gobierno del pasado miércoles, 31 de mayo. De los asistentes a la reunión, 25 votaron a favor y 5 se abstuvieron.

Esta decisión del Consejo de Gobierno de la UPF se produjo tras una propuesta de «un grupo de estudiantes», según han confirmado a ABC fuentes de la universidad. Este órgano de la UPF está formado por 53 miembros,

pero solo votaron 30.

Por su parte, la URV, en la reunión de su Claustro de ayer, jueves, hizo lo mismo gracias a que el 74 por ciento de los asistentes votaron a favor de la adhesión del centro universitario al Pacte Nacional pel Referéndum. El 19 por ciento votó en contra y el 7 por ciento lo hizo en blanco.

Según consta en la petición presentanda al Claustro, el referéndum de autodeterminación «es una herramienta inclusiva, que permitirá la libre expresión de los diversos posicionamientos que los ciudadanos y las ciudadanas de Cataluña han expresado respecto a la relación política de Cataluña con el Estado español».

El precedente del ICAB

Sin embargo, estas decisiones han causado malestar entre algunos alumnos de las universidades e incluso entre profesores de otros centros (como la Universidad de Barcelona o la Universidad Autónoma de Barcelona) ya que este tipo de adhesiones vinculan a toda la comunidad universitaria, limitando la libertad ideológica de sus miembros.

Así, cabe recordar que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en diciembre de 2016, obligó al Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) a salir del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, al que se había adherido en octubre de 2013, después de que un grupo de abogados denunciara el caso.

El TSJC señaló entonces que el ICAB, con su adhesión a otra entidad, había vulnerado «la libertad ideológica, de expresión y de asociación» de los colegiados, que tenían adscripción obligatoria al ICAB, ya que este pacto por el «derecho a decidir» tiene «un marcado carácter político».

Como podría ocurrir ahora con la UPF y la URV, el ICAB rompió «con la neutralidad ideológica o política» que se espera de una entidad colegiada y que no permite a sus miembros excluirse de una decisión de sus órganos de dirección.