El Govern denuncia que el Estado ha reducido un 88% su aporte social

El gobierno catalán denunció ayer que el Estado ha reducido un 88,2% su aportación a los programas sociales catalanes entre los años 2011 y 2015. El ejecutivo que lidera Carles Puigdemont analizó en su reunión de ayer un informe del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias sobre el Estado de los Servicios sociales en Cataluña 2016, que evidencia que 11 de los 16 programas sociales cofinanciados con el Estado han sido eliminados desde 2008.

El informe denuncia que, en el año 2015, el Gobierno español cubrió sólo el 18% del presupuesto del sistema de dependencia, mientras que el ejecutivo catalán aportó el 82%, aunque la legislación establece que las dos administraciones deben colaborar a partes iguales, según informa Efe.

La Generalitat informó de que el presupuesto del gobierno de Cataluña destinado a programas de servicios sociales aumentó un 11,3 %, entre 2011 y 2015, y fue de un total de 2.090 millones de euros.

El ejecutivo catalán asegura que aporta el 66% del coste de los programas, ayuda a domicilio y equipos de los servicios sociales básicos de los ayuntamientos, a los que destinó 415 millones de euros en 2014, un 3,5 % más que el año anterior.

El informe explica que en los últimos años ha aumentado el número de plazas de residencia y centros para personas mayores, la mitad de ellos financiados con dinero público.

Por otra parte, El Partit Demòcrata Europeu Català (PDECat) y ERC proponen que la Renta Garantizada de Ciudadanía, cuya creación se debate en el Parlament desde hace casi tres años, sea de menos de 500 euros para las personas que la reciban, lo que ha provocado el rechazo de toda la oposición.

De hecho, la propuesta de JpS supone que las personas que podrían tener esta renta recibirían una cantidad de dinero inferior a la que se otorga actualmente según el Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña, de 664 euros al mes por doce pagas, una cantidad que está congelada desde el año 2010.

Huelga de hambre

Así lo aseguró ayer Diosdado Toledano, uno de los impulsores de la Iniciativa Legislativa Parlamentaria sobre la renta garantizada de ciudadanía, en rueda de prensa ante el Parlament, donde anunció una huelga de hambre en la plaza Sant Jaume, de Barcelona, y dos manifestaciones en las próximas semanas para reclamar la aprobación de la ley de creación de la renta y su inclusión en los presupuestos de 2017.

A esta rueda de prensa asistieron también representantes de la CUP, PSC y Catalunya sí que es Pot, además de miembros de más de 50 entidades catalanas –entre las que figura ERC–, que han dado su apoyo a la creación de la renta garantizada de ciudadanía.

El resto de la oposición, incluidos PP y Ciutadans, han acordado que la cuantía básica sea el 100% del actual indicador, lo que supone 664 euros al mes por doce pagas y un 70% de esa cantidad para otros familiares que tengan derecho a esta prestación, además de 100 euros por menor a cargo.