UPTA pedirá derogar la ley del Emprendedor aprobada por el Gobierno de Cospedal
Apuesta por hacer otra nueva normativa que favorezca al trabajador autónomo
La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) de Castilla-La Mancha pidió ayer que se derogue la ley de Emprendedores, creada durante el mandato de María Dolores de Cospedal y, en su lugar, se apruebe otra normativa que «de mucha más fortaleza al emprendimiento y al trabajador autónomo, con un plan «muy homogéno, con asesoramiento previo y con un estudio de viabilidad de la idea de emprender».
Así lo plasmó ayer el secretario regional de la UPTA, César García, acompañado por el secretario provincial de UGT en Toledo, Alberto Sánchez, en un desayuno informativo durante el cual hizo un análisis trimestral de la situación de los autónomos en la Comunidad Autónoma y presentó varias propuestas para mejorar la situación de este colectivo.
Durante el encuentro, García hizo una radiografía del perfil del trabajador autónomo en Castilla-La Mancha. Señaló que en el mes de marzo había 148.877 autónomos lo que ha supuesto un crecimiento trimestral de 1.050 autónomos. De este incremento, resaltó que más del 51% ha sido emprendimiento femenino, habiendo 45.348 mujeres afiliadas al Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores Autónomos (RETA) lo que supone un incremento de 526 mujeres en este periodo. «Este dato es muy positivo porque el total de mujeres en el RETA es del 30,48%, pero la tendencia está cambiando», recalcó.
«El perfil medio del autónomo en nuestra región es el hombre de más de 45 años porque los jóvenes, lamentablemente, emprenden poco porque se les dan escasas posibilidades de emprendimiento. Los bancos no les dan financiación porque les consideran activos tóxicos». De este modo, puntualizó que el mundo rural tiene el 50% de los autónomos por lo que «es un espacio que hay que cuidar cada vez más», afirmó.
En este sentido, puso de manifiesto que todos los sectores de actividad han crecido en este periodo de tiempo salvo el Agrario que ha perdido trabajadores. La Construcción ha sido el que más ha aumentando sus activos en 258, llegando a la cifra de 20.034, mientras que el Comercio es el más importante en cuanto a número de afiliados al RETA con 36.766; sin embargo, «las ventas de este sector no suben a la misma velocidad que en años anteriores».
Por provincias, Toledo ha sido la provincia con mayor número de autónomos, con 49.308, seguida por Ciudad Real (35.594); Albacete (29.717); Cuenca (19.326) y Guadalajara (14.932). «Todas las provincias han experimentado un crecimiento hasta alcanzar los 1.050 autonomos nuevos».
Pero para llegar a este número, el colectivo tiene «un problema muy gordo» que es la «rotación de activos» en el sistema, ya que para llegar a este número se han tenido 8.000 altas frente a 7.000 bajas. Los dos principales motivos que producen esta situación, a juicio de García, es el emprendimiento «más por necesidad que por oportunidad o vocación» y la «tarifa plana» que provoca una entrada masiva al sistema «sin proyectos estudiados» puesto que «la única condición para que te aprueben la ayuda es que no hayas sido autónomo en los últimos dos años».
Con estos condicionantes, y teniendo en cuenta que el crecimiento de los autónomos en la región es «consolidado», las previsiones de crecimiento de la UPTA para finales de año 2018 podrían superar los 5.000 activos.
Pensiones
En cuanto a las propuestas presentadas, la organización propuso modificar la cotización de autónomos a la Seguridad Social de modo que se permita que sea progresiva y de acuerdo a los ingresos «reales». Así, señaló que el 66% de los autónomos cotizan por la base mínima (919 euros en 2018) y 64.542 pensionistas por jubilación o por incapacidad permanente, del régimen de autónomos de Castilla-La Mancha, cobran por sus pensiones una media de 680 euros al mes. Frente a esto, continuó, se da la paradoja de que «muchos autónomos que cotizan por lo mínimo contratan planes de pensiones»,
Lo que la UPTA propone es no aplicar cotización a la Seguridad Social por debajo de los 9.000 euros de ingresos anuales y adaptar a 1.839 euros la base de cotización para quienes están por encima de los 70.000 euros al año. Esto supondría ingresar en la Seguridad Social 6.000 millones de euros, manifestó el responsable regional de la organización.
