Un juez da la razón al Polisario sobre el control de los fosfatos saharauis
Un tribunal falla a favor de la representación saharaui en el pleito por un cargamento de fosfato exportado desde El Aaiún
La Justicia sudafricana ha fallado esta semana a favor del Polisario sobre un pleito por la propiedad de un cargamento de 54.000 toneladas de fosfato , extraídas en territorio al sur de Tarfaya por empresas marroquíes y retenidas en la nación africana en 2017 cuando iban camino a Nueva Zelanda por vía marítima.
De acuerdo con el texto de la sentencia, el Tribunal Supremo de la provincia surafricana del Cabo Oriental consideró que el fosfato en litigio pertenece a la población de la zona, y que, por tanto, las empresas marroquíes no tenían derecho a adjudicárselo ni a venderlo a terceros.
«El caso de Sudáfrica es parte de los esfuerzos del pueblo saharaui de usar el derecho internacional para llegar a un fin justo de la viciosa ocupación ilegal y salvaguardar el derecho de nuestra gente al más fundamental derecho humano, la autodeterminación », señaló Mohamed Khadad en representación del Frente Polisario (demandante en el juicio).
«Estamos ante un caso contrario al derecho internacional y de carácter político », aseveró en aquel momento el portavoz del Gobierno marroquí, Mustafa Jalfi. El juicio concluyó con el veredicto favorable a los demandantes.
«Seguiremos persiguiendo a las personas e intereses corporativos que saquean directamente los recursos del Sahara Occidental», agregó Mohamed Khadad.
El Frente Polisario solicitó a las autoridades sudafricanas la retención del navío marroquí NM Cherry Blossom en mayo de 2017, cuando hacía escala en la ciudad de Port Elizabeth en su ruta hacia Nueva Zelanda. El Polisario denunciaba la supuesta falta de legitimidad de la carga que transportaba, 54.000 toneladas de fosfato, por haberse extraído en los territorios que Marruecos controla desde los años Setenta.
Los tribunales sudafricanos mantuvieron firme la retención del cargamento y confirmaron la necesidad de llevar a juicio la disputa para aclarar la propiedad pese a las protestas del Gobierno de Marruecos y de las empresas detrás de la operación (la pública Oficina Jerifiana de Fosfatos y Phosboucraa, filial de la misma).
