Cuando el Pirineo era un paraíso fiscal

Andorra, el pequeño país encajonado en el Pirineo a caballo entre España y Francia, dejó de ser un paraíso fiscal hace solo un lustro. Ahora, haciendo balance, su presidente del Gobierno, Antoni Martí Petit, asegura que les salió a cuenta aquella decisión. Dice que les ha compensado, que les ha abierto al mundo, que les ha allanado sus intercambios económicos y que han ganado en recaudación.

El histórico Principado era hasta el año 2009 un país sin impuestos directos, con secreto bancario y sin convenios de fiscalidad con otros países. Eso nutrió a sus bancos como opaco refugio de dinero, pero tenía también sus desventajas: en imagen internacional y –dice Martí Petit– también en pérdida de inversiones empresariales convencionales.

En 2010, el Principado de Andorra decidió lo que años antes parecía impensable: ceñirse a las normas internacionales de transparencia y de fiscalidad. Lo que perdieron por un lado al dejar de ser paraíso fiscal lo han ganado con creces por la captación de recursos en otros ámbitos económicos, afirma su presidente del Gobierno. Y subraya que es una tendencia positiva que va a ir a más.

Martí Petit afirma que ser un paraíso fiscal aisla y, a la postre, acaba por no compensar. Menos aún si estás enclavado en una potencia económica mundial como es la Unión Europea.

El Gobierno de Andorra se ha lanzado a captar inversiones que amplíen y diversifiquen los pilares económicos de los que dependió su prosperidad tras la II Guerra Mundial: el comercio minorista, el turismo y los bancos. Ayer mismo, Martí Petit estuvo en Zaragoza promocionando las oportunidades de negocio que ofrece Andorra.

«No hay otro camino para nosotros que el de la franca cooperación internacional basada en la transparencia», dice convencido el presidente andorrano. El Principado está negociando un acuerdo de asociación con la Unión Europea, de inspiración similar al que en su día llegó Liechtenstein.

Desde que dejó de ser un «paraíso fiscal» las inversiones han llegado con más facilidad y transparencia a Andorra. «Ya representan el 2% de nuestro PIB», dice con orgullo Martí Petit, al frente del gobierno de un país en el que hasta julio de 2012 sus leyes no permitían que una empresa radicada en el Principado tuviera más del 50% del capital en manos de socios extranjeros.

Hasta el año 2012 tampoco se permitía el libre ejercicio profesional o mercantil de foráneos afincados en Andorra: para que se les permitiera ejercer debían demostrar que llevaban residiendo un mínimo de diez años en el Principado; y esto para españoles, franceses y portugueses, porque a los llegados de cualquier otro país del mundo se les exigía como mínimo veinte años de residencia efectiva para poder tener un negocio en suelo andorrano.

Eso sí, este pequeño país del Pirineo apostó por dejar de ser un paraíso fiscal, pero sin pasarse de frenada a la hora de poner impuestos. Se sigue contando entre los estados con tributación más liviana. Y esto es algo a lo que no quiere renunciar. Dice Martí Petit que el futuro pasa por mantener esa «fiscalidad moderada» y la «alta calidad de vida» que caracteriza de antiguo al Principado. A partir de ahí, dice que, a futuro, ve una Andorra que «sea plataforma internacional de servicios con un tejido empresarial diversificado».