Rovira reconoce la existencia de la hoja de ruta secesionista, que estaba firmada ya en 2015

El juez deja en libertad bajo fianza de 60.000 euros a la dirigente de ERC tras negar valor jurídico a la DUI y marcar distancias con Puigdemont

Marta Rovira, al llegar ayer al Tribunal Supremo JAIME GARCÍA
Nati Villanueva

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El 1 de octubre, el día del referéndum ilegal, la secretaria general de ERC, Marta Rovira , intentó detener la consulta ante las «escenas de violencia» que se estaban viviendo en distintos colegios electorales; pero los líderes independentistas rechazaron hacerlo porque desactivar la convocatoria «iba a provocar una situación peor». Así lo manifestó ayer la diputada independentista ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que, tras más de dos horas de declaración, acordó para ella libertad eludible con fianza de 60.000 euros.

Pese a ser considerada por la Guardia Civil responsable de la logística del referéndum -junto con el exvicepresidente Oriol Junqueras -, Rovira aseguró que no tuvo «ninguna capacidad de gestión» sobre la consulta, y que su única intervención al respecto fue en el sentido de intentar detenerla. Una de las reuniones en las que expuso esta opción fue en la que se celebró a la una de la tarde de la misma jornada electoral, en la que participaron representantes de ERC, la CUP y Junts pel Si (hoy JpC). Su propuesta no tuvo acogida, dijo ayer al juez.

Los dirigentes de Enfocats

La líder independentista sí reconoció la existencia de una hoja de ruta secesionista y la firma que en ella plasmó en marzo de 2015 en representación de ERC. Sin embargo, se desvinculó de las llamadas leyes de desconexión (la de transitoriedad jurídica y la ley del referéndum): «No he sido ponente ni portavoz de ninguna de ellas». También del comité estratégico en el que la ubica el documento Enfocats, hallado en poder del número dos de Junqueras, Josep Maria Jové , y del que formaban parte quienes «dirigieron y coordinaron» toda la estrategia separatista que acabó con la declaración unilateral de independencia (DUI). Sí reconoció que asistió a las reuniones que aparecen en la agenda de Jové, porque «iba a todas las que convocaba Puigdemont». De hecho, no ocultó que el 17 de noviembre se reunió en Béliga con el expresidente catalán fugado «para dejarle claro que ERC no va a permitir un bloqueo del Parlament».

A preguntas de la Fiscalía, y en la misma línea que los exconsejeros y miembros de la Mesa imputados por rebeldía en esta causa, Rovira insistió en el «carácter político» de DUI , a la que negó efectos jurídicos. El pasado miércoles, la dirigente de la CUP Mireia Boya -la primera imputada de este partido que pasa por el despacho del magistrado- aseguró que esa declaración tenía una «eficacia real» y que no era «cosmética».

Preguntada por los planes futuros de los independentistas, Rovira señaló que tanto la Constitución española como el derecho internacional permiten «que el pueblo catalán sea consultado».

Tras terminar su declaración, la acusación popular que ejerce Vox pidió al juez la celebración de la vistilla de medidas cautelares en la que solicitó prisión incondicional por riesgo de fuga, de reiteración delictiva y de destrucción de pruebas.

Reiteración

La Fiscalía, por su parte, pidió libertad bajo fianza y dejó la cantidad a criterio del magistrado. Fuentes del Ministerio Público justificaron su solicitud en la gravedad de los hechos que se le imputan y por la posibilidad -«más lejana que en el caso de otros imputados, pero no inexistente»- de reiteración delictiva desde el ejercicio de sus actuales responsabilidades como dirigente de ERC y actual parlamentaria.

La segunda en declarar ayer fue la coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, quien quedó en libertad tras no pedir las partes ninguna medida cautelar. Aunque su protagonismo en la hoja de ruta secesionista no es comparable al de Rovira, el nombre de Pascal aparece en algunas reuniones relacionadas con el 1-O .

La imputada sostuvo ante el juez que ella siempre apostó por la legalidad y la Constitución, y que se mostró en contra de la declaración unilateral de independencia, a la que, al igual que la otra imputada, negó efectos jurídicos. Aseguró que nadie le notificó personalmente que la consulta del 1-O era ilegal, aunque reconoció que lo sabía por lo que esos días estaban publicando los medios de comunicación.

La dirigente independentista sostuvo que ella siempre apostó por ir a unas elecciones y no por hacer una declaración de independencia en el Parlament, en contra de lo que decidió el expresidente, Carles Puigdemont. Con él reconoció haberse reunido en Bruselas al menos en dos ocasiones.

Hoy Artur Mas

Tras estas comparecencias hoy es el turno del expresidente de la Generalitat Artur Mas y de la expresidenta de la Associació de Municipis per la Independència (AMI) Neus Lloveras. El miércoles está citada ante el juez la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, quien se encuentra en Ginebra (Suiza). Será hoy cuando revele si piensda acudir al Supremo o emulará al expresidente de la Generalitat.

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