El Parlamento balear insta al Gobierno central y a la Generalitat a buscar «una solución política» para Cataluña

El Parlamento balear ha aprobado en el pleno ordinario celebrado este martes una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno central y a la Generalitat a buscar «una solución política y no judicial a la situación que vive Cataluña». La citada moción está vinculada al juicio celebrado recientemente contra el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau, por la organización de la consulta del 9-N en 2014.

La propuesta originaria había sido presentada la pasada semana por la coalición econacionalista MÉS, que finalmente ha aceptado transaccionar el texto definitivo para que pudiera contar con el apoyo del PSOE, Podemos y Proposta per les Illes (PI). Por su parte, el PP y Ciudadanos han votado en contra de la citada proposición.

Cabe recordar que en la presente legislatura gobiernan en las principales instituciones de Baleares tripartitos conformados por el PSOE, MÉS y Podemos.

En la primera redacción de la moción de MÉS se pedía al Gobierno central que se dejase de «judicializar el conflicto político que genera el proceso soberanista de Cataluña». Asimismo, se solicitaba que se abriera un diálogo «verdadero, permanente y público entre los gobiernos de Cataluña y España con el objeto de dar una solución pacífica al conflicto, basada en el principio democrático, proclamado en el artículo 1 de la Constitución». Estos dos puntos han quedado finalmente fuera del texto definitivo, que se ha aprobado en los términos ya citados.

Por su parte, el PSOE había presentado dos enmiendas a la propuesta originaria. El texto de la primera enmienda ha sido el que, con leves modificaciones, ha votado finalmente hoy la Cámara. Por lo que respecta a la segunda enmienda, las disensiones internas en el seno del propio Grupo Socialista habrían obligado a retirarla. En dicha enmienda se instaba al Gobierno central a «iniciar una modificación de la Constitución que contemple la realidad plurinacional, avanzando hacia una España Federal».

Durante el pleno de este martes, la proposición no de ley sobre Cataluña ha sido defendida por su impulsora, la diputada de MÉS por Mallorca Margalida Capellà, quien ha señalado que actualmente se estaría vulnerando «el principio de separación de poderes» en relación a determinadas decisiones de la Generalitat. El diputado de MÉS por Menorca Nel Martí ha dicho, en ese contexto, que su grupo sigue defendiendo «el derecho de autodeterminación de los pueblos».

Por su parte, el portavoz de PI, Josep Melià, y el diputado del PSOE Xico Tarrés han abogado por la necesidad del diálogo. «La política sobre todo es debatir, discutir y votar», ha afirmado Tarrés, quien ha añadido que si bien «es respetable» la posición de quienes defienden la independencia, el PSOE «está con la Constitución y la legalidad».

El diputado de Podemos David Martínez ha sido el más contundente de todos durante su intervención. En ese sentido, ha acusado al PP de «no saber vivir sin dividir a la gente» y también ha afirmado que «algún día el PP desaparecerá y la democracia en España habrá ganado». En cualquier caso, ha indicado que Podemos quisiera que «los catalanes se queden dentro de España».

Por su parte, tanto el diputado del PP Miguel Jerez como el portavoz de Ciudadanos, Xavier Pericay, han argumentado los motivos por los que se oponían a la propuesta de MÉS. Jerez ha iniciado sus palabras señalando que se trataba de un debate «ciertamente prescindible». Más adelante, ha recalcado que «la política está sujeta a la ley» y que «la democracia se acaba» cuando aquella no se cumple. «Si algo no es legal, no es democrático», ha añadido, para concluir: «Estamos a favor del diálogo, que no es incompatible con la defensa de la Constitución».

Por lo que respecta al portavoz de C's, que se expresa normalmente en catalán y hoy lo ha hecho en castellano, ha señalado que la citada proposición no de ley estaba basada en varias falacias, entre ellas la «del derecho a decidir». Pericay ha reprochado a continuación a las formaciones nacionalistas de Baleares su «absoluta dependencia de Cataluña». Por último, ha indicado que votar en contra de la moción de MÉS suponía «votar a favor de la Constitución y del estado de derecho».

Por otro lado, el Parlamento balear ha aprobado también este martes una proposición no de ley conjunta de MÉS y de Podemos relativa a poner en marcha diversas actuaciones para poder contar con un listado de los bienes inmatriculados por parte de la Iglesia en las últimas décadas. El PSOE, PI y Ciudadanos han votado a favor de dicha propuesta, total o parcialmente, mientras que el PP ha votado en contra.

Cabe recordar que la inmatriculación de bienes es la inscripción de fincas o de edificios que carecen de antecedentes registrales en el Registro Público de la Propiedad. Dicha inscripción no supone aún la escrituración del inmueble. Por tanto, la inmatriculación no genera por sí misma el título de propiedad, sino que asigna sólo un antecedente registral.

El texto finalmente aprobado consta de cinco puntos. En el primero, la Cámara insta al Govern a recabar del Decanato del Registro de la Propiedad de Baleares «todas las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia en Baleares desde 1946 hasta hoy». En el segundo punto, se insta igualmente al Ejecutivo regional a elaborar, en un plazo máximo de seis meses, un listado de todos aquellos bienes que desde 1978 han sido inmatriculados en favor de la Iglesia en el Archipiélago. A continuación, según recoge el tercer punto, se elaboraría un estudio sobre los efectos de las inmatriculaciones sobre los bienes de interés cultural.

En el punto cuarto de la citada proposición no de ley se insta al Govern a «colaborar en todos aquellos procedimientos judiciales iniciados a instancias de entidades locales» que tengan por objetivo «la recuperación de bienes inmuebles inmatriculados por la Iglesia». En el quinto y último punto, se insta finalmente al Ejecutivo regional a «establecer líneas directrices para una correcta presentación y difusión del significado cultural e histórico de los bienes que haya podido inmatricular la Iglesia convirtiéndolos en privativos».

Durante el debate de esta propuesta, los momentos de mayor tensión se han producido cuando el diputado del PP Antoni Camps ha acusado a Podemos y a MÉS de ser de «extrema izquierda» y de tener una actitud «anticlerical y guerracivilista». Asimismo, Camps ha dicho que la citada moción tenía un ánimo «vengativo y revanchista» contra la Iglesia. Por su parte, la portavoz de Podemos, Laura Camargo, ha rechazado dichas críticas y ha acusado a Camps —por el tono de su intervención— de ser un «trumpista» y un representante de «la extrema derecha de este país».