Junqueras será inhabilitado en mayo si le procesan por rebelión
La ley prevé que no haya que esperar a la sentencia para suspender del cargo público a un preso rebelde, terrorista, o miembro de banda armada
El ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y actual diputado del Parlamento catalán será inhabilitado en mayo si el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena le procesa por el delito de rebelión . No habrá que esperar por tanto a la sentencia que, en caso de ser condenado, le cerraría la puerta a seguir ostentando un cargo público, sino que su propio procesamiento tendría esa consecuencia si por entonces continúa en la cárcel. Los también presos preventivos Jordi Sànchez y Joaquim Forn se encontrarían en la misma situación del que fue mano derecha del expresidente huido, Carles Puigdemont.
Aunque la inhabilitación, como la pena de prisión en este caso, es fruto de una sentencia firme, fuentes del Tribunal Supremo señalaron a ABC que la ley la prevé para encausados en delitos relacionados con bandas armadas, terrorismo y rebeldía. Así, el artículo 384 bis de la Ley de Enjuciamiento Criminal es claro: «Firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión». Las fuentes citadas creen que el magistrado podría concluir el sumario en mayo. Previamente tiene que haber procesado a los imputados sobre los que haya visto indicios de criminalidad , decisión que previsiblemente las defensas recurrirán. Solo después de que ese auto de procesamiento sea firme, Junqueras será inhabilitado.
Hace solo unos días, el 5 de enero, tres magistrados de la Sala Penal del Supremo confirmaron la decisión del instructor de mantener a Junqueras en prisión al apreciar en él un «relevante» riesgo de reincidencia. Forn y Sànchez , por su parte, están pendientes de que Llarena decida sobre su nueva petición de libertad, escrito que presentaron un día después de declarar voluntariamente en el Alto Tribunal. Sin embargo, el auto en el que la semana pasada Llarena negó Junqueras el permiso para asistir a plenos y debates en el Parlamento catalán parece adelantar cuál va a ser su decisión sobre estos dos imputados, pues en esa misma resolución ya les sugirió que delegaran el voto, como así hicieron el miércoles en la constitución de la Mesa.
La situación de otros diez diputados procesados, que, a diferencia de estos, no están en prisión preventiva y están ejerciendo sus cargos con normalidad, entre ellos J ordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva o Carme Forcadell es distinta. Solo perderían su escaño por la condena a una pena de inhabilitación impuesta en sentencia judicial firme, como señala el apartado e) del artículo 24 del Reglamento del Parlamento de Cataluña. Sí podrían ser suspendidos de sus derechos y deberes parlamentarios si el auto de procesamiento o de apertura de juicio oral es firme y el Pleno del Parlamento lo acuerda por mayoría absoluta. En una Cámara autonómica de mayoría independentista la suspensión parece inviable.
Fuentes del Alto Tribunal señalaron que el juez Llarena se está empleando a fondo en la causa contra los 28 imputados por rebelión y malversación y, en aras de evitar que se eternice, está apuntalando ya los indicios que le permitirán dictar auto de procesamiento y conclusión del sumario para elevarlo a la Sala de Apelaciones. El primero podría dictarlo justo después de tomar declaración a los seis representantes de formaciones independentistas que habrían participado en la estrategia para conducir a Cataluña hacia la independencia. Se trata del expresidente de la Generalitat Artur Mas; la secretaria general de ERC, Marta Rovira; las dirigentes del grupo parlamentario de la CUP Mireia Boya y Anna Gabriel, la coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, y la presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Neus Lloveras.
Junto a la práctica de esta diligencias, Llarena tiene que decidir si incorpora a la causa al exmayor de los Mossos Josep Lluis Trapero, imputado en la Audiencia Nacional, y al que era número dos de Junqueras en la Consejería de Economía, Josep María Jové. También tiene que concluir las pesquisas sobre la financiación de entidades soberanistas, para lo que va a resultar crucial un informe que ha encargado a la Guardia Civil.
Apuntalados ya los indicios de delito, y concluida la investigación, el juez elevará el sumario a la Sala de Apelaciones que presiden Miguel Colmenero. Es aquí donde previsiblemente tendrá lugar la fase más lenta del procedimiento porque las defensas tratarán de ganar tiempo antes del juicio.
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