Un año del escándalo Acuamed

El 18 de enero de 2016 entraba la Guardia Civil, por orden de la Fiscalía Anticorrupción, en Acuamed, empresa pública dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, por un presunto fraude en grandes obras hidráulicas. Arrancaba la Operación Frontino.

Dos días más tarde, el juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional decretó prisión para cinco de los acusados de la «mafia del agua», por supuestas comisiones de constructoras a cambio de adjudicaciones infladas. A día de hoy, Arcadio Mateo, director general; Gabriela Mañueco, directora de Ingeniería y Construcción; Francisco Javier Gómez Pastor, responsable de contratación; Pablo Martín, jefe de proyectos y Nicolás Steegmann, presidente de Altyum, están en libertad provisional tras el pago de las fianzas impuestas.

La instrucción continúa en parte bajo secreto de sumario y están actualmente investigados sus tres directores generales: Adrián Baltanás, Carlos Massa y Arcadio Mateo –acusado de malversación, cohecho y fraude contra la Administración–, salpicando también a la gestión socialista, que apostó por las desaladoras para compensar la derogación del trasvase del Ebro.

El auto de prisión se centraba en un principio en siete adjudicaciones: la desaladora del Bajo Almanzora (Almería); la descontaminación química del Embalse de Flix (Tarragona); la construcción de una presa en la Rambla Gallinera (Valencia), en la que se facturó 2 millones de euros por una escollera «que nunca existió»; el proyecto de la desaladora en Torrevieja (Alicante). Y tres obras de uno de los contratistas investigados, Nicolás Steegmann: las conducciones de la desaladora de Campello-Mutxamel en Alicante, las tuberías de Cerro Colorado en Murcia y la construcción de una presa en el río Serpis en Valencia.

Arqueólogos cobrando «como Indiana Jones»

Una de las mayores divergencias en la construcción de un canal para reducir las inundaciones del río Serpis fue la sobrevaloración de la partida arqueológica. Nuria Segura, autora del proyecto original, testificó en la Audiencia Nacional que los trabajos de arqueología estaban hinchados, subiendo la liquidación a 1.100.000 euros. «La justificación en horas de arqueólogos, ¡ni Indiana Jones!».

Ese fue uno de los argumentos esgrimidos en el auto de prisión para demostrar que «la liquidación a favor de Altec-Altyum por casi dos millones de euros más», procedía de enmascarar importes en «inexistentes trabajos de arqueología».

ABC tuvo acceso a los informes arqueológicos de los dos yacimientos encontrados en la comarca de La Safor (Valencia), que demuestran la existencia de asentamientos rurales. Se localizaron una sepultura de incineración ibérica de más allá del siglo V a.C., fosas neolíticas, hornos romanos, una estela funeraria, además de recogerse más de 6.000 fragmentos cerámicos de cronología ibérica, sobre todo, ánforas, que fueron enviados al Museo Arqueológico de Gandía.

Al finalizar la obra, hubo otros incrementos de precios por obra ejecutada no comprendidos en el contrato y ordenados por Acuamed. Estos, junto con un aumento del plazo de las obras (duraron 64 meses en vez de los 24 previstos), supusieron una reclamación de Altec-Altyum de un 22% más que lo contratado. Acuamed reconoció sólo un 8,97%.

El factor humano del caso

El martes 28 de octubre de 2014 Altec presentó en el Registro de Acuamed una demanda reclamación contra Gracia Ballesteros, subdirectora de Ingeniería y Construcción de Acuamed, por «los costes en los que ha tenido que incurrir» al demorarse «a propósito, injustificada y reiteradamente» la recepción por parte de la empresa pública de las obras de construcción de una la presa de Terrateig, comprendida dentro del contrato del Serpis.

Según la constructora investigada por la Audiencia Nacional, Ballesteros actuó de forma «unilateral y arbitraria», no mostró reparo en manifestar que no tenía «tiempo de ir a ver obras» y omitió una «total ausencia de propuesta técnica», a unas “inventadas” no conformidades.

En abril de 2014, tras ser cesado en Acuamed Francisco Valiente, hasta entonces director de Ingeniería y Construcción, «fichado» por el propio Arcadio Mateo un año antes, denunció a la sociedad estatal por supuestas irregularidades ante la Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional, tras conocer que sería destituido en el siguiente Consejo de Administración.

Nueve días después de dicha reclamación, Ballesteros siguió los pasos de Valiente y se presentó en la Fiscalía acusando al principal imputado, Arcadio Mateo, en libertad provisional tras abonar una fianza de 300.000 euros, de presionarla para liquidar la obra de la presa del río Serpis con un 10% más de coste a favor del empresario Nicolás Steegmann, investigado por tráfico de influencias y fraude.

Según el cruce de correos electrónicos entre Steegmann y Ballesteros, estuvieron durante más de un año para solventar las diferencias de criterios técnicos. La causa de la dilación era posponer, por parte de Ballesteros, «durante el mayor tiempo posible la asunción de las obligaciones de Acuamed», como sería el mantenimiento, conservación y vigilancia de la presa, que supusieron un perjuicio de 441.208,84 euros, como reza en la demanda, reclamados a la empresa dependiente del Ministerio de Agricultura. Esta reclamación sigue pendiente de respuesta por parte de Acuamed.

Finalmente, el incremento en la construcción de la presa y el canal más grande de España fue del 8,97%, 1.468.556,30 euros, en un contrato firmado en marzo de 2009, por un importe de 16.378.751,77 euros, suponiendo una rebaja del 30% sobre el presupuesto de licitación (23.371.993,60 €).

A día de hoy, casi tres años después de su finalización, sigue sin estar entregada la presa de Terrateig a la Confederación del Júcar por parte de Acuamed, como reza en un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Las obras realizadas se encuentran en un lamentable estado de abandono.

«Echarle ácido clorhídrico» al Ebro

Otra de las empresas salpicadas es FCC, por los contratos de una desaladora en el Bajo Almanzora y los trabajos para la descontaminación del pantano de Flix, con un perjuicio de 40 millones de euros para la Administración según el auto de Velasco. El sumario del caso refleja las conversaciones entre varios imputados grabadas por agentes de la Guardia Civil buscando una solución dudosa a la depuración del agua contaminada en el Embalse. Gabriela Mañueco, directora de Ingeniería y Construcción de Acuamed, investigada por la Audiencia, explica que podrían bajar el pH del agua, «echándole un poquito de ácido clorhídrico y tal y no sé qué, ¿no? con unos bidones» al Ebro.

Esta idea la contempla el director de la obra también investigado, Pablo Martín, que en otro de los pinchazos le comenta al ingeniero de FCC, David Blanca, que «tiraría el bidón entero, para que actuara poco a poco» buscando soluciones a la contaminación del pantano, quien le responde que habría que hacerlo «de forma ordenada». «Nosotros a lo bruto, ¿qué haríamos? (…) Tiramos la cuba de clorhídrico y aquí paz y después gloria». En la declaración de Martín en la Audiencia Nacional, comparo la concentración de tóxicos del pantano «como los restos de una central nuclear desmantelada».

Obras paralizadas en el embalse de Flix

Mientras se investiga si existen «conceptos extraordinarios que no existían», las obras en el Embalse de Flix, con fondos europeos asignados, se encuentran estancadas. Una carta revelada por ABC enviada por la constructora FCC a Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente el pasado 8 de marzo de 2016, alertaba de los «gravísimos daños de naturaleza medioambiental» que se pueden producir al quedar más de 210.000 metros cúbicos de lodos procedentes de vertidos químicos de la empresa Ercros.

«A día de hoy no hay solución aprobada ni contratada para la depuración de estas aguas, que permanecen dentro del embalse», reza el escrito. Tanto la UTE Ebre-Flix (FCC), como Acuamed, continúan con los controles técnicos y ambientales, aunque actualmente los trabajos de extracción de contaminantes están paralizados, encontrándose el proyecto en tierra de nadie, pendientes de unas «auditorías externas encomendadas a dos organismos públicos».

La pérdida de fondos comunitarios

Otro de los contratos investigados son las obras que dotaría de agua de riego al Valle del Guadalentín desde la desaladora de Águilas. Los regantes de Puerto Lumbreras y Lorca querían continuar la conducción de agua desalada con una tubería enterrada hasta un punto distinto y para ello se necesitaba tomar una decisión sobre la eventual modificación del contrato de Acuamed con Altyum.

Para ello, encargaron un informe al despacho de abogados de Jesús Trillo-Figueroa y Benigno Blanco, ex secretario de Estado de Aguas en Medio Ambiente y de Infraestructuras en Fomento durante los Gobiernos de José María Aznar, que advertía del perjuicio económico que suponía para las arcas públicas resolver el contrato, «aparte de los riesgos de pérdida de los fondos comunitarios con que se financia la obra y su nueva contratación, se añadiría el coste de la indemnización al contratista actual».

El juez Velasco mencionó en el auto de prisión un perjuicio para la Administración de 240.000 euros en los trabajos en el embalse de Cerro Colorado. Razonando que «el contratista adquirió las tuberías a la empresa que las vendía más caras, simplemente porque el director general de Acuamed se las hubiera obligado a comprar», sin cuantificar Velasco, que no seguir los consejos del bufete contratado por su «influencia hacia altos cargos de la administración» supusieron la pérdida de los fondos comunitarios aprobados para la segunda fase de la obra, el 80% de 3,1 millones de euros.

Los implantes de pelo de Arcadio

«¿Sabe quién le pago el implante de pelo al señor Arcadio Mateo?» –interroga el juez Velasco a Manuel Moreno, comercial externo de Noxel, empresa turca fabricante de tubería con sede en Lorca, que supuestamente pagó un viaje a Estambul de cinco días al director general de Acuamed. «Él se lo pagó», responde. «¿Cómo lo sabe con tanta seguridad?», insiste el juez. «Es que yo estaba allí. Yo me hice otro implante de pelo», reconoce el que era cónsul de Turquía en Sevilla.

Moreno reconocía así que el implante de pelo cuestionado no fue un pago en especie por la compra de unos tubos necesarios para la conducción de agua desalada, ya que ellos no fueron los que se la vendieron a la empresa. Fue su competencia, STS-Tubular Group, una empresa de Vitoria, a 600 kilómetros de la obra, quién consiguió el contrato con Altyum, al tener el único revestimiento interior homologado, hasta ese momento, como exigía la Consejería de Sanidad de Murcia.

Noxel intentó presionar a Acuamed para conseguir el contrato sin éxito. “Yo sí sé que Noxel estuvo haciendo fuerza a través del Ayuntamiento de Lorca, a través de la Comunidad de Murcia en Acuamed, incluso con notas de prensa para que se tuviese en cuenta que la tubería pasaba por la puerta de la fábrica”, contaba en la Audiencia Nacional el comercial investigado.

Ni el viaje a Estambul ni el implante de pelo tuvieron que ver con la compra de la tubería en Vitoria. Sobre todo, porque los gastos de ese viaje los asumió la empresa turca de Lorca, que no consiguió el contrato a pesar de contar con precios más baratos, al no tener los requisitos exigidos para transportar agua potable. El sobrecoste de 240.000 euros fue por tanto motivado por una prescripción técnica de la Consejería autonómica.

La campaña de 7,5 millones de euros con Zapatero

«Si se lo ha encargado Narbona, que se lo pague Narbona. Es la frase que estaba en el Ministerio en aquel momento, lo que me dijeron mis jefes». Eran las palabras de Carlos Massa, director general de Acuamed entre 2009 y 2012 también investigado por el juez Velasco.

Trata de la campaña del «Programa Agua» promovida por el Ejecutivo socialista a favor de la desalación y en contra del trasvase del Ebro, que supusieron unos gastos de 7,5 millones de euros en publicidad pagados como «mordidas» por las desaladoras adjudicadas durante la etapa de Cristina Narbona y bajo la dirección de Adrián Baltanás en Acuamed.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil adscrita a la Fiscalía Anticorrupción reveló un informe con las facturas abonadas a la agencia Bassat por empresas adjudicatarias de diferentes desaladoras, por valor y en proporción al importe del contrato «a modo de colaboración».

De todas las desaladoras la UCO se centra exclusivamente en la de Torrevieja, que preveía garantizar los regadíos del trasvase Tajo Segura, sin investigar Anticorrupción otras adjudicadas y gestionadas por el Ejecutivo de Zapatero, porque «no se poseen indicios o datos suficientes para afirmar que la operativa fuera la misma».

ABC mostró con un documento que la desaladora de Águilas (Murcia) también reclamó a Acuamed los pagos asumidos cuatro meses antes de las elecciones generales del 2008, siendo «un importe final injustificado y aumentado de forma ilícita».

En su declaración en la Comandancia de la Guardia Civil como investigado por fraude y prevaricación, a Baltanás tan sólo le preguntaron «por qué Acciona seguía reclamando los pagos en la actualidad».

Señalado por conocer «a gente del PP»

Otra de las acusaciones de Gracia Ballesteros contra Nicolás Steegmann, presidente de Altyum, es que estaba muy bien relacionado con «gente en el PP, que conocía al ministro» y que le «destrozaría» su carrera profesional. «¿Quién era el ministro entonces?», le pregunta Velasco. «Arias Cañete».

Lo que pasó por alto, es que Ballesteros fue fichada por este contratista para trabajar en la empresa predecesora de Acuamed, Trasagua, fundada en mayo de 2002 por el Ejecutivo de José María Aznar. Steegmann había sido directivo de la empresa pública creada para ejecutar el trasvase del Ebro, proveniente de Ferrovial, donde ejerció de subdirector general.

Altyum consiguió su primera obra con Acuamed, el canal para reducir las inundaciones del río Serpis, el 29 de marzo de 2009 durante el Gobierno de Zapatero, cuando Elena Espinosa era ministra de Medio Ambiente. Y una segunda en junio del 2014, consistente en reforzar la red de abastecimiento de agua potable en los municipios de Campello y Mutxamel con una baja del 46% del precio de licitación, 9.012.606,68 euros, tras quedar en el quinto puesto entre 45 ofertas, y no con «una de las peores calificaciones» como cita Velasco.

El PP detuvo la sangría de Acuamed

Los números han demostrado que el Partido Popular fue quién detuvo la sangría de Acuamed para las arcas públicas. «Intenta que Acuamed funcione como si fuera una empresa privada», fue el consejo que un alto cargo del Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno de Rajoy le transmitió a Arcadio Mateo. El año 2011 había cerrado con unas pérdidas superiores a los 4 millones de euros, cuando Rosa Aguilar, del PSOE era ministra del sector, consiguiendo en el 2015, con Isabel García Tejerina al frente de Medio Ambiente, un beneficio de casi 13 millones y medio de euros.

La empresa pública que promovió las obras de las desaladoras bajo el Gobierno de Zapatero sumó unas pérdidas operativas en la última década de 113 millones de euros, después de haber pagado hasta 2011 unos 330 millones de euros en sobrecostes, según datos del Tribunal de Cuentas, investigados actualmente por el juez Eloy Velasco en el caso Acuamed.