Una desaladora fantasma de 55 millones de euros para menos de 9.000 habitantes

Frente a un campo de naranjos, divisando a lo lejos una fábrica de cerámica, se encuentra la desaladora de Moncofa, en la provincia de Castellón. Una desaladora fantasma de 55 millones de euros construida para surtir agua de mar desalada a dos pequeños municipios, Moncofa y Xilxes, que en la actualidad no llegan a los 9.000 habitantes. Una inversión millonaria sin usuarios. Agua sin comprador, para una oferta sin demanda frente a un lema publicitado hasta la saciedad. «Más agua en menos tiempo, de mayor calidad y con un coste menor».

Eran las palabras de Cristina Narbona, ministra de Medio Ambiente bajo las órdenes de José Luis Rodríguez Zapatero, presentando el «Programa AGUA» en septiembre de 2004, que derogaba el trasvase del Ebro y supuso una inversión pública de 1.797 millones de euros en desaladoras, la mayor parte ubicada en el litoral Mediterráneo.

Trece años más tarde, no hay agua desalada en Castellón. «Ni más barata ni de mayor calidad», afirma rotunda Isabel Bonig, presidenta del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Recuerda que el plan «no se acompañó de un estudio económico para conocer cuánto tendría que pagar el usuario. A los ayuntamientos les presionaron obligándoles a firmar convenios imposibles de cumplir. Y nadie pensó en el coste real ni en las formas de pago». Ella lo sabe bien, era entonces la alcaldesa de Vall d´Uxió, que no se sumó al programa socialista aprobado con «carácter de urgencia».

Fue el 1 de diciembre de 2006 cuando los consistorios de Moncofa y Xilxes firmaron un convenio con Acuamed, la empresa pública estatal ahora investigada por corrupción, para instalar una desaladora que cubriría las necesidades de agua de una promoción urbanística proyectada por encima de la realidad. «Era la época de los pelotazos», resume el alcalde de Xilxes del PSOE, José Martínez Melchor. «Había dos opciones. Una era las desaladoras, otra el Plan Hidrológico Nacional. ¿Cuál de las dos era más descabellada? Visto lo que ha sucedido, la desaladora de Moncofa no era necesaria».

«El convenio se firmó en pleno boom urbanístico con unas expectativas que eran una falacia», explica el alcalde de Moncofa del Partido Popular, Wenceslao Alós Valls. «Se especulaba en cerca de 140.000 personas, cuando apenas llega en el mes de abril a unas 6.000. Después del crack, se nos quedó un Ayuntamiento altísimamente endeudado. Si le añadimos multiplicar el recibo del agua por nueve, es insostenible», añade.

Esta población agrícola minifundista, que vive de la naranja, en su mayoría con campos de menos de una hectárea, se contagió de la fiebre del ladrillo, devastando la zona de playa. «Podría ser un país de Europa del Este, con calles a medio hacer, cimientos llenos de agua, donde encuentras hasta patos. Los proyectos de campos de golf fueron la excusa para hacer todo urbanizable», lamenta el segundo teniente alcalde de Xilxes por Compromís, Sergi Alejos.

«Era un objetivo descabellado, que nos ha dejado con una gran carga. Actualmente hay censados 2.670 habitantes en Xilxes, y querían meter 30.000 viviendas. Con la crisis, te paseas por el barrio marítimo y está lleno de carteles de “se vende”», describe el alcalde el anterior sueño de grandeza, cuya población aumenta en verano junto con la del mosquito tigre, al que no le dan «¡ni agua!», como reza en los folletos expuestos en el consistorio.

La letra pequeña del contrato con Acuamed estipulaba que los ayuntamientos tendrían que amortizar el coste de la infraestructura y de la producción una vez que estuviera operativa. «Eso significa que en el momento que pongamos en marcha la desaladora, el pueblo de Moncofa tendrá que asumir casi un millón y medio de euros anuales», explica Wenceslao Alós.

«Pero lo más grave», recuerda con un informe del Ayuntamiento de Xilxes su anterior alcalde del PP, Vicente Martínez Mus. «Es que antes de empezar las obras, avisamos de que no iban a tener usuarios. Lo comunicamos en reuniones desde el 2009, y seguían adelante sin escucharnos. ¿Quién va a beber esa agua? ¿Quién va a usarla? Y no nos contestaban. No quieran entonces ahora cargarnos el muerto».

Mala apuesta política

El tiempo excesivo que ha tardado la puesta en servicio de las plantas desaladoras no ha sido un problema de «falta de lealtad institucional», como apuntó Adrián Baltanás, director de Acuamed durante la etapa socialista, investigado por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

Al menos si nos centramos en la desaladora de Moncofa, que empezó sus obras en mayo de 2010. «Entonces el ayuntamiento estaba en manos del PSOE. Fue una mala apuesta política socialista», apunta Wenceslao Alós.

La misma opinión tiene Erik Segarra, primer teniente alcalde de Xilxes de IU. «Desde Madrid, se buscaron sus espadas aquí para que trajeran gente al proyecto. José Vicente Isach era alcalde de Moncofa y Francecs Colomer de Benicassim, que ahora está de secretario autonómico de turismo de Ximo Puig. Ellos fueron los impulsores».