La Fiscalía Anticorrupción duplicó sus investigaciones en 2014

La Fiscalía especializada en la lucha contra la corrupción —conocida como la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado— duplicó sus investigaciones y las denuncias y querellas que interpuso lo largo de 2014, un año en el que estallaron casos mediáticos como la operación Púnica, que estrecha el cerco sobre una trama de corrupción local y regional. La corrupción es precisamente una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, por tradición y vigente actualidad.

Así se desprende de la Memoria de la Fiscalía General del Estado, un documento en el que el Ministerio Fiscal repasa sus actuaciones durante el año y en el que plantea sus retos y necesidades. Esta ocasión es la primera vez que la fiscal general del Estado Consuelo Madrigal

, quien sustituyó al dimitido Eduardo Torres-Dulce, echa la vista atrás.

Según esta memoria, la Fiscalía Anticorrupción, que tiene su base en Madrid pero cuenta con una red por toda España a través de fiscales delegados, «ha intervenido en 340 causas judiciales» a lo largo de 2014, duplicando sus investigaciones. Gran parte de estos esfuerzos se centran en combatir las telas de araña que crean las organizaciones criminales, que atacan al Estado desde tres frentes: el económico, el de la seguridad territorial y el de la gestión.

El repaso anual muestra un dibujo de la evolución de la delincuencia en nuestro país. En los delitos contra las personas, ha descendido el número de asesinatos y homocidios dolosos en un 13 por ciento y en un 17 por ciento el de los homicidios imprudentes. Las calificaciones por lesiones también bajaron: un 5,5 por ciento en las dolososas, y un contundente 44 por ciento en las imprudentes. La caída en los delitos imprudentes se debe, entre otras cosas, a los efectos de la crisis, según la Fiscalía.

Los delitos contra la Administración Pública, relacionados con la corrupción, se han incrementado en sus principales figuaras delictivas, como la prevaricación, la malversación de caudales públicos, el cohecho, el tráfico de influencias y las negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos. En estos casos, la complejidad de las investigaciones ha conllevado cambios en la estructura del Ministerio Fiscal y la colaboración de equipos.

Dentro de los delitos de mayor relevancia social destaca la actividad de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que tuvo que emplearse a fondo para afrontar las amenazas que supone la irrupción del grupo terrorista autodenominado Estado Islámico, calificadas como «las más graves y preocupaciones a las que se enfrente la comunidad internacional», según el Consejo de Seguridad de la ONU, como cita la fiscal general del Estado.

La Fiscalía Especial Antidroga, por su parte, ha detectado una progresiva bajada de los procesos por tráfico de drogas entre los años 2009 y 2013. En los últimos diez años, los procedimientos puestos en marcha en la Audiencia Nacional contra este tipo de delitos ha caído un cuarenta y cuatro por ciento.

En la memoria, en la que la Fiscalía vuelve a solicitar que el mando de la instrucción recaiga en el Ministerio Público, en lugar de en los jueces, para dar celeridad a los procedimientos, la fiscal general también clama por la necesidad de más recursos humanos. La Fiscalía explica que el Ministerio aún no se recupera de «su endémica escasez de funcionarios». Lo representa con un dato que muestra la perspectiva: si en Europa, el rato de funcionarios no fiscales por fiscales es de un 14 por ciento, en España está entre el 0,6 y el 0,8 por ciento.