La Fiscalía responde a las víctimas que no puede pedir la detención de «Santi Potros»

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha respondido a la asociación Dignidad y Justicia (DyJ) que no puede ordenar la detención del etarra Santiago Arrospide Sarasola «Santi Potros» y Alberto Plazaloa como medida cautelar mientras la el Tribunal Supremo resuelve sus recursos.

En un escrito dirigido al presidente de la asociación, Daniel Portero, el fiscal-jefe de este tribunal recuerda que los autos en los la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia acordó la excarcelación de los etarras, el pasado diciembre, son autos de libertad por cumplimiento de la pena, por lo que «no es posible judicialmente adoptar ninguna medida cautelar». Por ello, dice, hay que esperar a que el Supremo estime los recursos que la Fiscalía ha presentado contra esas excarcelaciones y revoque esas decisiones.

Es la única forma de que los dos terroristras reingresen en prisión para cumplir el resto de las penas.

El pasado martes el Tribunal Supremo decidió por nueve votos a seis que no cabe la acumulación de condenas impuestas en el extranjero, lo que cuestiona la decisión que tomaron los tres magistrados de la Sección Primera de la Audiencia. La cuestión es que el recurso que estudió el Pleno se refería al también etarra Kepa Pikabea, y aunque el criterio afectará a «Santi Potros» y a Plazaloa, este no se podrá aplicar hasta que se aborden los recursos que contra sus libertades interpuso la Fiscalía.

En este sentido, en el informe del fiscal Jesús Alonso -que Zaragoza aporta en su respuesta a Portero- se señala que la sentencia del Supremo que niega esa acumulación de condenas a Pikabea ni siquiera ha sido notificada, pues faltan por redactar los seis votos particulares que se han anunciado. Por tanto, «nos encontramos en un vacío que no puede ser rellenado con voluntarismos y extrapolaciones de manifestaciones vertidas en los medios de comunicación, por cuanto no se sabe la extensión de lo acordado, si tendrá algún tipo de limitación al caso debatido o será de aplicación» a todos los terroristas que se encuentren en esa situación.

Alonso sostiene, además, en su informe, que en supuestos en los que existe resolución judicia, acordando la extinción de una condena y puesta inmediata en libertad del afectado, «la ejecutoriedad de la misma es inmediata, pues estamos en presencia de uno de los derechos fundamentales que ampara nuestra Constitución», que es la libertad.

El fiscal-jefe, Javier Zaragoza aprovecha su respuesta para trasladar a las víctimas «mi más sincero reconocimiento por la necesaria y extraordinaria labor que desarrollan».