La juez Alaya tiene aún por instruir casi el 70 por ciento del caso ERE

El caso ERE no ha terminado para la juez Mercedes Alaya. El hecho de que el Tribunal Supremo decidiera el pasado jueves asumir la competencia e investigar si los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñan y tres exconsejeros andaluces (Mar Moreno, Gaspar Zarrías y José Antonio Viera) cometieron delito, no supone que la juez de instrucción número 6 de Sevilla vaya a quedarse de brazos cruzados.

De hecho, Alaya tiene por delante aún mucho trabajo que hacer. Según cuantificó la Fiscalía Anticorrupción en uno de sus escritos que presentó pidiendo la división de la causa con más de 200 expedientes entre ayudas sociolaborales a empresas y prejubilaciones las que están bajo sospecha de irregularidades y hay que investigar.

Sin embargo, la minuciosa investigación de estos casi cuatro años (se inició en enero de 2011) aún no se acerca ni al 30 por ciento. Las defensas de los imputados aseguran que sólo se ha investigado el treinta por ciento de todas las entidades que estaban bajo sospecha. O lo que es lo mismo, a Alaya le queda todavía por instruir aproximadamente el 70 por ciento de la causa.

Y eso ¿que supone? De momento, que la juez Mercedes Alaya seguirá tomando declaraciones, practicando diligencias y, con toda seguridad formulando más imputaciones en los próximos meses. Quitando la llamada parte del «procedimiento», la que corresponde a los aforados Chaves y Griñán, Zarrías, Moreno y Viera y a los otros aforados del TSJA (los diputados autonómicos), el resto sigue siendo competencia suya. Eso significa que abogados, empresarios, mediadoras, aseguradoras, testaferros y conseguidores seguirán bajo su competencia y a expensas de lo que la instructora decida.

En cualquier caso, primero hay que resolver una cuestión sobre la que surgen dudas. Alaya envió al Tribunal Supremo una exposición razonada sobre los indicios que apreciaba sobre los aforados, pero no los 100.000 folios que abarca de la totalidad de la causa.

Ahora pues tiene que dilucidar si le envía una copia completa de las diligencias (algo que supondría una carga extra de trabajo para el ya de por sí saturado juzgado) o si hace una especie de «expurgo» y solo le remite la parte que haga referencia a los indicios que ha apreciado exclusivamente contra los aforados, algo que aliviaría el trabajo y evitaría que el juez instructor del Tribunal Supremo tenga que leerse 100.000 folios.

Entretanto, ayer Alaya insitió ayer en pedir a la Junta más refuerzos ya que una de las funcionarias, embarazada de seis meses, está de baja desde el día 24 y otra sigue de baja desde septiembre y no ha sido sustituida. La situación es «gravísima», según la juez. Sin embargo la Consejería de Justicia insistió en que el juzgado tiene diez funcionarios, que solo hay de baja y que, si no se reincorpora, será sustituida. El TSJA ha pedido a la Junta que especifique el trabajo que hace cada uno de los funcionario del juzgado.

Exposición al TSJA

En cuanto a los diputados autonómicos, fuentes judiciales aseguraron que la juez tendrá que remitir otra «exposición razonada» al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía similar a la que envió al Tribunal Supremo. En este caso en ese escrito la instructora tendrá que explicar los indicios de delito que aprecia en la actuación de los otros consejeros que señaló. Martínez Aguayo, Avila, Vallejo y Recio, todos diputados autonómicos.