El fiscal del 'caso Sanlúcar' pide casi tres años de cárcel para el ex alcalde del PSOE

El jurado del caso Sanlúcar escuchó ayer las conclusiones finales de la Fiscalía, los abogados de la defensa y la acusación. Versiones dispares y de todos los gustos hechas en base a las pruebas vertidas por los testigos durante los once días de juicio que tendrán que tener presentes para elaborar el veredicto.

Los nueve ciudadanos dirimen la presunta compra del voto de un concejal popular por parte del que fuese alcalde de la localidad con el objeto de dinamitar una moción de censura que existía en su contra en 1999.

El representante del Ministerio Fiscal, Ignacio Morales, mantiene el escrito de calificación inicial por el que solicita penas de dos años y siete meses de cárcel y dos años y un mes de prisión, respectivamente, para «los actores principales del soborno», el ex alcalde socialista de Sanlúcar, Agustín Cuevas, y el ex secretario local del PSOE, Rafael García Raposo. «Creo que ha quedado demostrada la culpabilidad de ambos a lo largo del procedimiento, puesto que existen pruebas contundentes». Asimismo, el fiscal solicitó la absolución de Manuel Ramírez, ex concejal del PP, al jurado porque «no existen pruebas de cargo para inculparlo».

Por su parte, la representación de Manuel Ramírez Cunete, Juan Pedro Cosano, mostró su desagrado porque dos partidos políticos (PP y PSOE) están involucrados en el juicio y recordó a los miembros del jurado que «no se puede politizar la cuestión, ya que aquí hay personas. No debería haber partidos en este juicio. Vamos a enjuiciar actos de personas concretas y no ideologías».

Minutos antes, la representación del PSOE pedía en su informe la condena de Cuevas, Raposo y Ramírez porque «en nuestro país se pena al funcionario que acepta el soborno. El tipo de delito de cohecho requiere de dos personas, una que ofrece y otra que acepta» e hizo mención a la expresión del cazador cazado que «ha salido a lo largo del procedimiento una y otra vez».

La otra cara de la moneda, o de la verdad, según se mire, la ofreció José Loaiza, representación del PP, cuando aseguró que «las conversaciones telefónicas a horas intempestivas demuestran que Cuevas es el principal inductor, fue el que dio la orden a su hombre de confianza, Raposo, para poner en marcha la conspiración». Además, hizo especial hincapié en el cambio de declaración ofrecido por el guarda del cámping, «quien confirmó finalmente que la reunión se llevó a cabo».

La venta de un voto

El abogado de Raposo manifestó que «Ramírez puso en venta su voto y por eso mi cliente tuvo que buscar esa noche el dinero solicitado de manera urgente» e hizo mención a la situación de desempleo que tenía Cunete. «Vivía en el domicilio de su suegra y contaba con varias deudas. Con una situación así es lógico pensar que ofreciese su voto», señaló.

Los letrados defensores de los empresarios coincidieron en argumentar que sus representados «no sabían para que era el dinero» solicitado por Raposo.