Bruselas recuerda que la ley europea avala la expulsión de comunitarios desempleados

La Comisión Europea recordó ayer que la legislación comunitaria permite expulsar, a partir de un periodo de tres meses, a ciudadanos de otros estados miembros de la UE desempleados y que no dispongan de recursos para mantenerse. Bélgica ya lo hace y Alemania podría seguir sus pasos a partir de junio si el Gobierno de Angela Merkel asume las recomendaciones de un estudio que aconseja tal medida para frenar supuestos abusos en las ayudas sociales.

«Es demasiado pronto para adoptar posición. La Comisión vigilará la buena aplicacíon del derecho de la Unión», declaró el portavoz de Empleo y Asuntos Sociales del Ejecutivo comunitario. La cautela no impidió a Jonathan Todd subrayar que, según la normativa vigente, «una persona no tiene el derecho absoluto a quedarse en otro Estado miembro». «A partir de tres meses, debe poder demostrar que tiene los medios financieros para no ser una carga en el país de acogida, a menos que esté buscando empleo», explicó Todd, que animó a distinguir entre las medidas que estudia Berlín y las restricciones anunciadas por Reino Unido y criticadas por la UE «por tratar de reinventar las reglas».

El vicepresidente de la Comisión y comisario de Competencia, Joaquín Almunia, animó a «reforzar una política de inmigración legal a escala europea» porque, a su juicio, supone un problema que haya «libre circulación de trabajadores y de personas pero no capacidad de absorción, acogida y organización». Una contradicción que exigiría una análisis del conjunto de la Unión Europea del espacio Schengen antes de permitir que cada Estado adopte por su cuenta medidas restrictivas, recomendó la profesora de Derecho Internacional Privado de la Universidad de León Aurelia Álvarez. Para la experta, «preocupa que los estados miembros desvirtúen la libre circulación» y reinterpreten y restrinjan «lo que ha costado tantos años construir».