El exdirector de Trabajo Daniel Rivera admite responsabilidad política, pero no penal

Daniel Rivera, exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía, dijo ayer que siguió aplicando el sistema de ayudas investigado por la juez Mercedes Alaya porque nadie le advirtió de su ilegalidad y afirmó que «puede tener responsabilidad política, pero no penal».

En su declaración como imputado ante la juez que investiga los ERE fraudulentos, Rivera reconoció que poco después de acceder al cargo en el 2010 «tomó conciencia» de que se habían dado ayudas por importe de 70 millones de euros sin convenio previo ni resolución administrativa, si bien no paralizó los pagos porque los prejubilados tenían que seguir cobrando.

Rivera reconoció además que no había fiscalización previa de las ayudas, pero añadió que nadie le advirtió de que tuviera que haberlas. Entre otros, señaló que no le advirtieron ni la Intervención General de la Junta, ni la Intervención Delegada, la Secretaría General Técnica de la Consejería de Empleo, la Asesoría Jurídica de la Junta o el Servicio de Legislación.

Según Rivera, si las irregularidades fueran tan «groseras» e «ilegales» se lo deberían haber comunicado estos organismos oficiales, mientras que un informe del bufete Garrigues que alertó sobre las deficiencias administrativas «no decía que fueran de carácter penal», afirmó. Por ello, concluyó que él podría «tener responsabilidad política, pero no penal», según los citados abogados, que mantuvo una actitud «beligerante» con la juez.

Actitud que desencadenó un enfrentamiento cuando Rivera pidió que constase en acta su anuncio de que va a recurrir la decisión de la juez Alaya de no admitir la recusación que ha planteado el imputado, a lo que la magistrada respondió que «el acta la hago yo».

Rivera, por otra parte, aseguró que es cierto que leyó el informe de Garrigues, que había encargado su propia dirección general, sobre las anomalías en las ayudas pero no el de Price Waterhouse sobre las subvenciones que recibían las empresas de la Sierra Norte de Sevilla, y sobre el primero de ellos ha afirmado que solo era «una opinión jurídica». El interrogatorio de Rivera concluirá en la jornada de hoy.