Los sindicatos denuncian la apuesta del Gobierno por los contratos temporales

Rechazo de los agentes sociales a las iniciativas que en materia laboral llevará el ministro de Trabajo al Consejo de Ministros del próximo viernes. Mientras los empresarios opinan que se quedan cortas, y lamentan que el Ejecutivo haya dado marcha atrás en sus propósitos de flexibilizar el contrato a tiempo parcial, las centrales se oponen frontalmente a que, durante los próximos dos años, se puedan encadenar contratos temporales. Toni Ferrer, de UGT, asegura que esta última iniciativa, que la central acaba de conocer y que figura en el borrador de decreto que se someterá a la consideración del Gabinete, supone «apostar directamente por la temporalidad y el empleo de mala calidad».

Las centrales han sufrido más de un sobresalto en el apresurado retorno del verano. De partida, rechazan que la Constitución recoja el principio de estabilidad presupuestaria. En su opinión, no resulta aconsejable cuando las prioridades deben ser el crecimiento, el empleo y un reparto equilibrado de las cargas. Agrupaciones sectoriales como la FSC de CC OO denuncian directamente que este proyecto «pone en riesgo la calidad y supervivencia de los servicios públicos».

Pero, sobre todo, los sindicatos se oponen frontalmente a la intención del Gobierno de suspender durante un plazo de dos años el artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores que protege frente al encadenamiento abusivo de contratos temporales. Con la norma en vigor, un empleado que ha permanecido más de 24 meses de un periodo de 30 desempeñando la misma o diferente función en la misma empresa o en una sociedad del mismo grupo, y encadenado dos o más contratos temporales, accede a la condición de fijo.

Ferrer recordó que el límite al encadenamiento de contratos fue acordado en 2006 por todos los interlocutores sociales, es decir, que gozó del consenso de sindicatos, patronales y del Gobierno. Suprimir este límite, añadió el sindicalista, supone una contradicción con los propósitos de medidas que previsiblemente saldrán adelante, como las que fomentan la conversión de contratos temporales en otros de fomento de empleo de carácter indefinido. En esta línea va la prórroga hasta finales de 2012 de los famosos contratos en los que la indemnización máxima por despido se limita a 33 días por año trabajado frente a los 45 días de compensación cuando la baja se considera improcedente.