Reunión de pastores

El llamado Pacto del Euro, que impone a los Estados miembros fijar por ley el tope de déficit y que, asimismo, condiciona el gasto público a la evolución de dicho déficit, puede que sea una medida eficaz en términos de política económica, pero, evidentemente, no es una decisión que contribuya a preservar lo que va quedando del Estado de bienestar. Todo lo contrario, una vez más vuelven a priorizarse los intereses de una economía entendida como un negocio que beneficia especialmente a los beneficiados de siempre. Mientras, el común de la gente que trabaja se ve obligada a encajar una nueva vuelta de tuerca en este proceso que últimamente parece haberse acelerado, y que consiste en aquilatar al máximo las rentas del trabajo, ya sea por la vía de reducir salarios o mediante la supresión de los mecanismos de redistribución de las riquezas. Riquezas que, no lo olvidemos, se generan socialmente, y por lo tanto, a toda la sociedad deben beneficiar.

De esta manera, se vuelve a insistir en la aplicación de medidas injustas para, supuestamente, remontar la crisis. Estas medidas, que a decir de algunos expertos no garantizan la solución de los problemas económicos y sociales que afectan al mundo en general y a la zona euro en particular, siempre consisten en lo que el economista norteamericano Paul Krugman llama 'infligir sufrimiento a la población'. Y es que nuestro sistema económico, decididamente hostil al ser humano, y que estamos dando por supuesto como el único posible, lejos de aliviar las necesidades de los más desfavorecidos, exige cada vez mayores cotas de sacrificio a los que menos tienen, mientras que las grandes fortunas presentan nuevos records de beneficios.

No sé cuánta mentira y cuánta injusticia más puede soportar un sistema político que se denomina Estado Social de Derecho, pero que más bien parece diseñado para el exclusivo beneficio de unas élites egoístas, avaras y mediocres que controlan los mecanismos de apropiación de las riquezas. El presidente del gobierno se ha reunido estos días con los titulares de las mayores empresas españolas, todas ellas con gigantescos beneficios, superiores incluso a los obtenidos antes de la crisis. Son los mismos que 'piden' al presidente del gobierno no cejar en las 'reformas' (léase recortes) de salarios, pensiones y gasto social. Ciertamente, la actual economía legal del pillaje goza de buena salud.