Ni un molino más hasta 2013

No soplan buenos vientos para el sector de la energía eólica en Cádiz. Los sindicatos y los empresarios ya han dado la voz de alarma. La nueva regulación aplicada por el Gobierno desde 2009, matizada en diciembre de 2010 por un decreto que aplaza pero no resuelve el problema, ha supuesto un frenazo para uno de los negocios etiquetados como 'seguro' durante años por los analistas y que ahora se ve sometido a los vaivenes de la incertidumbre normativa. Si a lo largo de 2009 se instalaron en la provincia nueve parques eólicos -hasta alcanzar los 63- con un total de 1.237 megavatios de potencia (el 43%) de Andalucía, durante el primer balance del pasado año los datos son exactamente los mismos: la estadística no se ha movido un ápice, y no lo hará al menos en otros dos años, después de que Madrid reasigne los cupos y los promotores tengan un marco de referencia fiable al que aferrarse. Como insiste José Donoso, desde la Asociación Empresarial Eólica, «la media de trámites que conlleva la planificación, autorización y construcción de un parque son cinco años de gestiones y uno para la puesta en uso».

Cádiz, como territorio preferente para la ubicación de nuevas instalaciones y para la ampliación de las que ya funcionan, padece de forma muy especial el frenazo de la industria del viento. AEE considera que el estancamiento del sector ya ha costado 16.000 puestos de trabajo a nivel nacional, tanto en directos como en indirectos, y se está cebando en las fábricas de piezas, palas y soportes, y en las subcontratas responsables de la instalación. Las zonas más afectadas, según la patronal española, son Galicia, Canarias y Andalucía, donde Cádiz continúa ejerciendo como punta de lanza. A la espera de que se conozca la letra pequeña del nuevo mecanismo estatal de preasignación, la Junta de Andalucía incluso ha decidido devolver a los promotores los avales que habían depositado para participar en el último concurso autonómico de 500 megavatios, y que ha quedado sin razón de ser.

Concurso nulo

Según fuentes del sector, entre las empresas afectadas por la 'postergación' del concurso, se encuentran los promotores que aspiraban a los 500 mw de potencia asignados en febrero de 2009 por la Junta, donde la provincia de Cádiz se llevó la mayor 'tajada' con el espaldarazo a 17 nuevos parques eólicos, dotados de una potencia de 187 megavatios, además de la ampliación de la superficie de algunos ya existentes. Entre los ocho promotores asignatarios que deberán esperar dos años para volver a invertir destacan Iberdrola, a la que se le adjudicaron 81,02 mw, Proasego (42,47 mw) y Bogaris (21 mw). Jerez y Medina Sidonia, con cuatro cada uno; Puerto Real, con tres; Alcalá de los Gazules y Tarifa, con dos cada una, y Arcos de la Frontera, con uno, eran los municipios donde estaban previsto que recayeran las nuevas instalaciones o se ampliaran sustantivamente las que ya funcionan.

También está por ver si aguantarán el tirón los planes industriales que se debían llevarse a cabo paralelamente a los parques, como la fábrica de palas eólicas de última generación en la Bahía que desarrolla Orisol; o el proyecto de Wigep Andalucía, que apostó por una iniciativa de I+D+I encuadrada en el Parque Tecnológico de Los Barrios.

Mariano Barroso, presidente de la Asociación de Promotores y Productores de Energías Renovables de Andalucía, se muestra satisfecho con la decisión de la Junta, que considera «lógica y necesaria». «No nos devolvían los avales porque no desarrollábamos los proyectos presentados al concurso, pero no los podíamos ejecutar porque no estaban preasignados, así que estábamos pagando unos intereses absurdos». Ahora bien, subraya que «todos tendremos que esperar a 2013 para partir otra vez de cero».

Barroso confía en que se cumplan los acuerdos alcanzados en entre la patronal y el Gobierno, que suponen que 2013 será el año tope para relanzar «un sector completamente paralizado». «Ahora, al menos, sabemos que el recorte es temporal y excepcional, y entendemos que el nuevo decreto nos exige un esfuerzo de solidaridad para contribuir a la sostenibilidad del sistema».