Editorial

Llamada a la sensatez

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La continua aparición de tensiones y desavenencias en el seno del PP, agudizadas por el caso Gürtel y que están afectando ahora a la designación del próximo presidente de Caja Madrid, corre el riesgo de enquistarse hasta lastrar el futuro de los populares. Cuando aún no acaban de despejarse las circunstancias en las que el partido procedió a la destitución de Ricardo Costa de sus cargos internos y de representación, la controversia sobre la elección de quien lidere la segunda entidad de ahorros y la cuarta institución financiera de España ha hecho aflorar en toda su crudeza el conflicto de intereses que desde hace tiempo protagonizan Alberto Ruiz Gallardón y Esperanza Aguirre. Tras las elecciones generales de 2004, los populares se vieron en la necesidad de adecuar su realidad a un período de oposición que se ha prolongado durante dos legislaturas. El congreso de Valencia, celebrado en junio de 2008, supuso la confirmación del liderazgo de Rajoy y su implícita designación como aspirante a la presidencia del Gobierno en los comicios de 2012. El impacto social de la crisis económica y la falta de una respuesta solvente frente a la misma ha erosionado la credibilidad del Ejecutivo de Zapatero, lo cual parece favorecer a las aspiraciones alternativas de los populares. Pero la extensión de la trama urdida en torno al caso Gürtel, que ha evidenciado las dificultades de la dirección del PP a la hora de depurar responsabilidades políticas a tiempo, ha afectado seriamente a la percepción ciudadana de la entereza moral del partido. Es probable que la opinión pública se muestre comprensiva ante la corrupción que penetra en las formaciones políticas con presencia institucional; pero se vuelve más severa cuando el partido afectado trata de eludir el problema ante las evidencias de la investigación judicial. Es en este punto donde la actitud del PP, justamente enojado por la continuada vulneración del secreto sumarial, ha acabado afectando negativamente a la credibilidad de las propias instituciones. Algo semejante ocurre con la manifiesta disputa interna respecto a la presidencia de Caja Madrid. Su efecto inmediato es la extrema politización de una caja de ahorros, sometida a la liza en el seno del PP madrileño. Parece claro que la situación obliga a una modificación del marco legal que impida semejante bochorno o cualquier otra vinculación política que someta a las entidades de ahorro al descrédito.