El último rehén liberado aclara que las FARC mataron a los once diputados secuestrados en 2002

El ex legislador regional Sigifredo López, liberado por las FARC en las selvas del suroeste de Colombia, ha despejado las dudas sobre la matanza de once ex diputados durante el cautiverio, sumida en una intriga que llevó el caso incluso a la Organización de Estados Americanos (OEA).

López ha confirmado que sus compañeros de cautiverio, todos ex legisladores como él, fueron masacrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y que no murieron en un supuesto operativo militar de rescate, tal y como dijeron en su día los guerrilleros.

Los doce diputados fueron secuestrados el 11 de abril de 2002 por un comando rebelde que simuló una operación antiterrorista de las fuerzas de seguridad en la sede del Legislativo regional en Cali, la capital del suroccidental departamento del Valle del Cauca.

En la acción, que dejó un policía muerto a manos de los asaltantes, los insurgentes emplearon perros amaestrados y se pasearon con tranquilidad por los recintos de la edificación. Una vez secuestrados, los legisladores fueron incluidos en una lista con fines de canje por rebeldes presos en la que ya estaba la ex candidata presidencial Íngrid Betancourt.

Información de la masacre diez días después

Los guerrilleros informaron de la masacre el 28 de junio de 2007, diez días después de que ocurrieran los hechos, a través de un comunicado emitido por el Comando Conjunto de Occidente de las FARC.

"Once diputados de la Asamblea del Valle (...) murieron en medio del fuego cruzado cuando un grupo militar sin identificar hasta el momento atacó el campamento donde se encontraban", rezaba el documento. "Sobrevive el diputado Sigifredo López, quien no estaba en ese instante junto a los demás retenidos", añadía la comunicación, que conmovió al país.

Esta versión fue rechazada por el Gobierno del presidente Álvaro Uribe, que responsabilizó a la guerrilla de la matanza, algo corroborado más tarde por una investigación judicial, que entre otros aspectos estableció que los once ex diputados recibieron casi cien balazos.

Asociación por la Vida y por la Paz, el apoyo familiar

Aquel desenlace frenó las gestiones de las familias por una salida pacífica, para la que habían conformado la Asociación por la Vida y por la Paz, que llegó a tocar las puertas de la ONU, de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea (UE).

Esta ONG dirigió entonces sus esfuerzos hacia la recuperación de los cadáveres, momento en el que entró en escena el segundo al mando y portavoz internacional de las FARC, 'Raúl Reyes', abatido hace once meses en las selvas ecuatorianas en un bombardeo del Ejército de Colombia.

En un mensaje, el jefe guerrillero certificó como veraz la versión de quienes tenían en su poder a los ex diputados muertos al atribuir el desenlace a la "política de los rescates a sangre y fuego ordenados por el presidente".

Lo hizo en una carta fechada en las 'Montañas de Colombia', en la que sostuvo que las FARC se suman "a las voces de condolencia para los familiares y amigos de los diputados por la infausta pérdida de sus seres queridos".

Los cadáveres fueron transportados hasta Cali en septiembre de 2007

Días después, Raúl Reyes divulgó otra nota dirigida a los mediadores del conflicto, incluidos los del grupo de países amigos conformado por España, Francia y Suiza, y al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), para solicitarles "su acompañamiento y sus buenos oficios en el propósito humanitario de entregar a la mayor brevedad" los restos mortales.

El 9 de septiembre de 2007, una misión del CICR recogió y transportó hasta Cali los cadáveres de los ex diputados, que luego fueron examinados por un equipo forense independiente formado por la OEA, a petición del Gobierno colombiano. La comisión también concluyó que los ex legisladores regionales murieron por disparos de fusil a corta distancia.